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22 - 02 - 2018

Opinión

Referencia: I1N3Z - Domingo, 14 de Enero de 2018

¿Feliz año nuevo? (comunicado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Villena)

Cuatro décadas han pasado desde la recuperación de la democracia en este país, cuatro décadas que pusimos en un primer plano los derechos de la ciudadanía a través de nuestra insigne Carta Magna, la Constitución Española; Constitución Española donde en su artículo 47 reza que el disfrute de una vivienda digna es un derecho de toda la ciudadanía. La Constitución es el mandato a los poderes públicos para que adopten las medidas necesarias a fin de posibilitar el ejercicio real y efectivo de estas directrices.

Una sociedad moderna y humana tienen la obligación de proteger y proporcionar a las familias más desprotegidas un techo en condiciones que les permita desarrollar una vida digna; en este papel protector tienen las administraciones públicas un papel fundamental; no puede ser que las distintas administraciones, meras gestoras de los recursos de la ciudadanía, miren hacia otro lado ante el problema habitacional de miles de familias en este país y decenas de estas familias en nuestra ciudad.

El gobierno municipal Verde de Villena nos vende como un éxito la reducción de la deuda contraída con diferentes entidades bancarias heredada de las malas gestiones de anteriores gobiernos municipales, y sin duda es un éxito, y además sacando pecho que estamos en una situación de superávit económico, ¡estupendo!

Sin embargo desde la PAH Villena detectamos que esta bonanza económica no está repercutiendo en una mejora de vida entre las familias en peligro de exclusión social, como son las que están a punto de ser echadas de sus viviendas por falta de recursos para poder pagar la hipoteca o el alquiler, o les han cortado el suministro de luz o agua por falta de pago; o sea, que este éxito económico de nuestra “administración verde” sólo ha repercutido en beneficio de los acreedores del Ayuntamiento, especialmente la banca.

Este Ayuntamiento Verde tiene en sus cuentas alrededor de 4 millones de euros de superávit que parece ser que la “Ley Montoro” sobre techo de gasto no les deja tocar para según qué cuestiones; pero la necesidad es otra, se debe incrementar sí o sí el gasto social tan necesario en nuestra ciudad; constantemente llega a Servicios Sociales un goteo incesante de familias demandando vivienda social, ayuda para pagos de alquiler, ayuda alimentaria, ayuda para luz, agua, dependencia, etc. Unos Servicios Sociales colapsados que no pueden atender la demanda por falta de recursos debido a tanta pobreza que existe en nuestra ciudad y el “estrés” que padecen las trabajadoras sociales por falta de medios.

Esta Corporación Municipal acata las directrices del gobierno sobre “techo de gasto” con un amén, directrices que la atan de pies y manos para maniobrar, y sin embargo acatando estas directrices se desobedece el art. 47 de la Constitución, el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el art. 25 de la Declaración DDHH, y los art. 15 y 16 de nuestro Estatuto de Autonomía, donde la Generalitat garantiza los servicios mínimos para combatir la pobreza (entre ellos el acceso a la vivienda ,alimentación, luz, agua y lo necesario para una vida digna) etc.

Desde la PAH Villena defendemos que no hay mayor servicio a la sociedad que atender y garantizar las necesidades mínimas para que toda la ciudadanía en peligro de exclusión social sea atendida dignamente. El 17 de enero dos familias (que hayan acudido a la PAH) en nuestra ciudad tienen que dejar sus viviendas propiedad de los bancos; una familia en C/ Félix Rodríguez de la Fuente con 5 hijos menores, por el Banco Sabadell, banco que compro la CAM por 1€ (imagínense el esfuerzo económico que le supuso al Banco Sabadell adquirir esta vivienda).

El mismo día otra familia con dos menores en c /Maestro Moltó que desahucia la Caixa, dándose golpes de pecho por su gran obra social. El 24 de enero tenemos otro desalojo en c/ Rambla, en definitiva un goteo constante de familias angustiadas, desesperadas, con problemas habitacionales y lo más lamentable, viendo como el Ayuntamiento a través de Servicios Sociales es incapaz de atenderlos y los políticos responsables a la defensiva y mirando para otro lado.

Como muestra de la inacción municipal un botón, una familia en C/ Onil con alquiler Social concedido por el BBVA solicitante de vivienda social en Servicios Sociales, habitan esta vivienda, que está en ruinas y en peligro inminente de caerles encima; el banco se lo ha comunicado al Ayuntamiento, la PAH Villena también; el Banco les ofrece una vivienda fuera de Villena porque dicen que en Villena no tienen (mentira descarada), el Ayuntamiento nos dice que no tiene vivienda y su alternativa es que la familia afectada acepte la oferta del Banco fuera de Villena; el matrimonio es mayor, tiene a sus nietos menores a su cargo, el marido padece una enfermedad coronaria crónica, no tienen vehículo, lo poco que tienen es el calor de la familia en Villena; la casa puede colapsar de un momento a otro; los peritos del Banco han pedido a la familia que dejen la casa por el peligro existente pero no pueden por problemas económicos; ningún técnico municipal se ha pasado por la vivienda ; la familia no tiene recursos para pagar un alquiler y parece ser que el Ayuntamiento tampoco.

Feliz 2018.

Una sociedad moderna y humana tienen la obligación de proteger y proporcionar a las familias más desprotegidas un techo en condiciones que les permita desarrollar una vida digna

Una sociedad moderna y humana tienen la obligación de proteger y proporcionar a las familias más desprotegidas un techo en condiciones que les permita desarrollar una vida digna



Por:  PAH Villena

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¿Feliz año nuevo? (comunicado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Villena)
Cuatro décadas han pasado desde la recuperación de la democracia en este país, cuatro décadas que pusimos en un primer plano los derechos de la ciudadanía a través de nuestra insigne Carta Magna, la Constitución Española; Constitución Española donde en su artículo 47 reza que el disfrute de una vivienda digna es un derecho de toda la ciudadanía. La Constitución es el mandato a los poderes públicos para que adopten las medidas necesarias a fin de posibilitar el ejercicio real y efectivo de estas directrices.

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