300 expedientes urbanísticos esperan resolución en el ayuntamiento de Villena

Tras muchos años recibiendo quejas de particulares y profesionales y “denunciando el colapso del departamento”, el Partido Popular reclamó a finales del pasado año un informe para conocer la realidad de la situación y concretar el número de licencias urbanísticas pendientes de tramitar por parte del ayuntamiento.

Dicho informe ya está en poder de los populares, y el resultado es demoledor, con certificados de compatibilidad urbanística pendientes de resolver desde 2019 y licencias desde 2020. En total, 300 expedientes esperando resolución, en algunos casos desde hace años.

Eso no significa que todos esos expedientes estén sin atender, porque algunos sí se han tramitado y se ha reclamado a los promotores más información, por ejemplo, pero en cualquier paso “pone en evidencia la situación de bloqueo que vive la ciudad y la necesidad urgente de resolver este problema”, decía Miguel Ángel Salguero.

El portavoz popular señalaba que la espera media para tener una licencia va de uno a dos años, lo que “afecta a todo el sector, porque si una obra tarda ese tiempo en empezar, es trabajo que no llega a constructores, carpinteros, electricistas, pintores, etc.”.

Además, añadía, “nos consta que hay empresas de Villena que ya no dan presupuestos para atender proyectos en nuestra ciudad, porque con esos retrasos y las subidas de precios pierden todo valor”.

Por ello, desde el PP se “urge” al equipo de gobierno dar solución a este problema en lugar de “empeorar la calidad de la atención al ciudadano poniendo un guardia de seguridad que impide la entrada a las instalaciones de urbanismo a los vecinos que van sin cita previa, sin tener en cuenta que la gente no va por capricho, sino para resolver problemas”.

Recordando que el pasado Pleno aprobó la adhesión de Villena a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, entidad que sirve para externalizar y agilizar las tramitaciones de los procedimientos de infracción a la legalidad urbanística, Salguero concluía señalando que “igual que se toman medidas para ser más ágil sancionando a los ciudadanos, que se tomen las que sean necesarias para agilizar las gestiones urbanísticas y que el ayuntamiento deje de ser un escollo para el desarrollo de la ciudad”, remataba.