ABC sostiene que detrás de la retirada de sus competencias a Virtudes Amorós se encuentra la concesión del servicio de agua potable
Es uno de los efectos colaterales de la crisis que vive el gobierno municipal de Villena. La alcaldesa Celia Lledó, del PP, ha «retirado» las competencias a la concejal Virtudes Amorós, justo cuando ésta se disponía a sacar a concurso la contrata para el abastecimiento de agua al municipio.
Un gesto como mínimo controvertido si se tiene en cuenta que la actual concesión de agua está anulada por la Justicia, desde hace más de un año, por distintas irregularidades en el concurso que adjudicó el anterior equipo de gobierno. Aunque todavía está por ver sus consecuencias, la decisión de Lledó se enmarca en la batería de represalias que ha tomado contra concejales de su equipo de gobierno por alinearse con la dirección regional del PP y apoyar la candidatura de Manuel Pérez Fenoll a la presidencia provincial del partido.
Tras la asamblea de compromisarios celebrada el pasado mes de noviembre, Lledó se reunió con estos ocho concejales por separado. Al responsable de Sanidad, Juan Carlos Pedrosa, le exigió que entregara el acta de concejal, mientras que a la titular de Agricultura y Pesca, Virtudes Amorós, le retiró «verbalmente» las competencias de agua y le advirtió que no tomara ni una sola decisión en esta materia. Amorós ha pedido a la alcaldesa que le remita esta orden por escrito, ya que un concejal sólo puede ser despojado de sus competencias mediante un decreto de Alcaldía o de un órgano superior (como los tribunales).
La decisión de Lledó llega cuando la concejal estaba ultimando el pliego de condiciones -que ya fue revisado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento hace varios meses- para sacar a concurso a principios de este año la nueva contrata de aguas. Este servicio está en precario desde que, en noviembre de 2007, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) anuló el concurso adjudicado en 2004 (por el anterior equipo de gobierno) a la unión temporal de empresas formada por Viarsa, Saico y Aguas de Valencia. En su sentencia, el Tribunal consideró probado que la UTE encabezada por Viarsa había alterado a la baja el canon de concesión de su propuesta (de 0,17 a 15 euros por metro cúbico) «cuando ya se conocían las ofertas de los demás licitadores». De este modo, habría jugado con ventaja para hacerse con la adjudicación.
Asimismo, el TSJCV dictaminó que la oferta ganadora no se ajustaba al pliego de condiciones en cuanto a los ingresos procedentes de la tasa de alcantarillado. Por todo ello, la Sala obligó al Ayuntamiento a convocar un nuevo concurso, tal como se disponía a hacer ahora la concejal Virtudes Amorós. El contrato anulado, que se remonta a agosto de 2004, debía prolongarse durante 11 años. La sentencia venía a confirmar otra resolución del Juzgado de Primera Instancia de Villena, que estimó el recurso presentado por el Ayuntamiento la empresa Aqualia, cuya propuesta había sido rechazada en el concurso.
También la contrata de limpieza
Significativamente, la alcaldesa sólo ha retirado a la edil Virtudes Amorós sus competencias en materia de agua. Y lo ha hecho de forma «verbal», lo que no tiene ningún efecto jurídico mientras no ratifique esta decisión mediante un decreto.
Pero igual suerte puede correr el concurso para la adjudicación de la contrata de limpieza, cuya convocatoria estaba preparando la concejal de Medio Ambiente, Paz Poveda, a la que Lledó también ha puesto en el punto de mira por apoyar la candidatura alternativa de Pérez Fenoll.
Lejos de reprender a Celia Lledó por su actuación, la nueva dirección provincial del PP presidida por Joaquín Ripoll ha amenazado con expedientar a los ocho ediles de Villena que se mantienen fieles a la dirección regional de la formación. Todo ello, según la vicesecretaria de Comunicación Gema Amor, por haberse abstenido en una comisión informativa cuando se votaban dos proyectos del equipo de gobierno: el aparcamiento de la plaza de toros y la nueva piscina municipal.
Una acusación que no se ajusta a la realidad, pues dos de estos ediles no son miembros de esta comisión y, por tanto, no tienen derecho a voto en ella. Los otros seis se abstuvieron porque no tenían la documentación correspondiente a ambos proyectos: la alcaldesa ni siquiera les había facilitado el orden del día de la reunión.
El desencuentro entre Lledó y sus ediles mantiene paralizado el Ayuntamiento: aún no se sabe cuándo se aprobarán los presupuestos de 2009. La alcaldesa también ha comenzado a reunirse en varios colectivos ciudadanos, de espaldas a los ediles competentes.
Autor: M. A. Ruiz Coll
Fuente: ABC
