Amnistía Internacional Villena condena el juicio contra el juez Baltasar Garzón
El grupo Local de Amnistía Internacional de Villena corrobora la opinión de Amnistía Internacional ante el juicio contra el juez Baltasar Garzón, al mismo tiempo que observa con mucha preocupación la celebración de este proceso judicial, ya que versa sobre una imputación criminal que se hace a Garzón bajo el cargo de no haber respetado la ley de 1977 al investigar crímenes del pasado en España.
Para Amnistía Internacional, la investigación de violaciones de Derechos Humanos no puede constituir jamás una conducta delictual, sino por el contrario es una obligación que tienen todos los estados de llevar adelante de buena fe y de manera exhaustiva. Por eso, nosotros pensamos que este juicio es sencillamente escandaloso, constituye un agravio para el poder judicial de España y debe encontrar su fin prontamente.
Amnistía Internacional considera en primer lugar, que la letra y el espíritu de la ley de amnistía de 1977 no perdona los crímenes del franquismo, sino que intenta más bien liberar y proteger a los presos políticos y a los opositores del régimen de entonces y no perdonar a personas responsables de crímenes de Derecho Internacional. Pero si ese no fuese el caso, si el tribunal no lo considera, Amnistía Internacional piensa que esa norma está viciada, nula, porque contraviene obligaciones de Derecho Internacional que tiene España, y la obligación básica de investigar y perseguir a los responsables de esos crímenes.
Amnistía Internacional ha reclamado en varias oportunidades que los cargos contra el juez Garzón deben ser desestimados y esta causa debe acabar con una sentencia absolutoria.
La Jurisdicción Universal
El proceso judicial que nos ocupa, puede constituir de alguna manera un amedrentamiento o una clara señal para todos aquellos jueces españoles y de otros países que se han animado a iniciar causas basadas en jurisdicción Universal, es decir, el principio que autoriza a todo estado a perseguir crímenes de Derecho Internacional sin que importe dónde se han cometido los crímenes o la nacionalidad de las víctimas o de los victimarios.
Es un principio muy antiguo del Derecho Internacional que los jueces españoles han utilizado con frecuencia en países de América Latina, África y otras regiones y pensamos que eso tiene que continuar y no quedar limitado.
