Editorial

Aparcar las diferencias

Una vez aprobado el pliego de condiciones para la adjudicación y construcción de un centro de ocio en la plaza de toros, este mismo tema, tan polémico y tan largamente debatido a lo largo de los tres últimos años, parece haber quedado relegado a un más que discreto segundo plano. La razón: la construcción de un gran parking subterráneo con capacidad para 700 vehículos en el subsuelo de la avenida de la Constitución.
No cabe duda de que dicha actuación, bien llevada a cabo, ha de resultar positiva para Villena. Pero también es cierto que existen muchos matices. Para empezar, habrá que aclarar, como bien ha señalado el Partido Popular en sus intervenciones, la legalidad de la segregación del subsuelo público aprobada en el último Pleno. Es de suponer que el equipo de gobierno, asesorado por los funcionarios municipales, habrá actuado de acuerdo con la legalidad, pero en cualquier caso ésa es una circunstancia que tendrá que dictaminar la Comisión Territorial de Urbanismo.

Después, y dando por hecho que tan importante modificación habrá sido llevada a cabo de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, será el momento de plantearse cuándo y cómo llevar a cabo la obra para minimizar al máximo los más que previsibles perjuicios a la actividad económica de los negocios ubicados en la zona afectada así como a la propia calidad de vida de los muchos vecinos que allí habitan.

En ese sentido, resultan loables las declaraciones que tanto algunos comerciantes previsiblemente afectados como el propio presidente de la Asociación de Comerciantes de Villena, Jesús Martínez, han realizado a lo largo de esta semana a COPE Villena – MqR, declaraciones que hoy reproducimos en El Periódico de Villena y que vienen a demandar, antes que nada, la necesaria colaboración entre todos los estamentos implicados –vecinos, comerciantes, ayuntamiento, empresa constructora, etcétera– para llevar a cabo del mejor modo posible unas obras sobre cuya futura utilidad parece no existir duda, aunque no así sobre los largos meses (el proyecto habla de 28, seguramente serán más) en que éstas afectarán al normal desarrollo de la actividad comercial en la zona.

Por ello, no cabe más que solicitar el ayuntamiento que atienda las justas reclamaciones de los vecinos y articule junto a ellos y los propios comerciantes todas las medidas necesarias para que la construcción del aparcamiento, de la que finalmente nos vamos a beneficiar todos, y en especial los ahora afectados, se lleve a cabo del modo más ágil posible y minimizando al máximo su repercusión negativa inicial para vecinos y comerciantes.

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