Cate Hernández denuncia el cambio de chaqueta del PP ante la instalación de un cebadero de corderos en el término de Villena
Los Verdes preguntarán en el pleno de septiembre por qué el Partido Popular ha dado el visto bueno a la instalación de un cebadero de hasta 3.600 corderos en el límite con el término municipal de Cañada, cuando estando en la oposición durante la anterior legislatura estuvo de acuerdo con el resto de fuerzas políticas de la Junta de Gobierno Local en valorar desfavorablemente su ubicación en Villena.
La portavoz del Grupo Municipal Verde, Cate Hernández, se refería hoy a esta explotación ganadera, que se ha construido en la carretera de Villena a Cañada, en el paraje Cascante, a unos 900 metros del casco urbano de Cañada y a unos 2 kilómetros de nuestra ciudad. En 2007, la Junta de Gobierno por unanimidad de todos los partidos y en base a un informe de la técnico de Medio Ambiente y el concejal de área, Antonio Pastor se opuso a esta ubicación, proponiendo que se buscase otro lugar.
Se sumaba así a las alegaciones de los vecinos, encaminadas a un mayor control sobre los olores, los purines y la posible contaminación de un acuífero. Así que este acuerdo, el informe y las alegaciones se enviaron a la Conselleria de Territorio para que se tuviera en cuenta en los trámites de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del cebadero de ganado.
No obstante, cuando en 2007 el PP ya gobernaba Villena desde la Conselleria se preguntó al Ayuntamiento si estaba a favor de conceder la licencia ambiental para esta actividad. Entonces la Junta de Gobierno compuesta ya sólo por ediles populares se posicionó a favor de dar esta licencia. Así la administración autonómica dio al proyecto una DIA favorable y posteriormente el equipo de gobierno da la licencia ambiental y en 2009 comenzaron las obras.
Ahora ya no se puede evitar la puesta en marcha de esta actividad, por tener todos los informes técnicos favorables y la licencia ambiental aunque condicionada. Sin embargo, el Grupo Verde ha encontrado anomalías en la licencia de obras, que inicialmente fue concedida en 2006 gobernando PSOE, Verdes e Izquierda Unida con un presupuesto de 2.600 euros, cuando después han comprobado que el coste total de la obra es de 220.000 euros.
Por eso van a solicitar que se revise la licencia y se compruebe si la empresa pidió otra nueva después. Si no es así, piden que se revisen y ajusten las tasas urbanísticas que pagó al Ayuntamiento, que en base al presupuesto final debieron ser mucho más altas. Además van a vigilar que los condicionantes que los técnicos de Medio Ambiente tanto del municipio como de Conselleria pusieron a la licencia ambiental se cumplan.
