Celia Lledó: Una vez decidí no acceder a los chantajes políticos de este tipo de personas, y lo voy a seguir haciendo
El pasado Pleno defendí en varias intervenciones una moción del Partido Popular en la que poníamos en evidencia que, después de dos años y medio y numerosas promesas incumplidas de los concejales Juan Richart y José Tomás Molina, la rotonda de La Morenica seguía sin terminarse, por lo que ante la falta de argumentos en contra, dicha moción terminó aprobándose por unanimidad de la Corporación.
Lo que para la mayoría de concejales entraría en el normal debate político, no lo es para Juan Richart, que cuando se siente amenazado o humillado reacciona con una agresividad desmedida. La reacción de este concejal no se ha hecho esperar, y al día siguiente filtraba a algunos medios de comunicación información sobre actuaciones judiciales basadas en falsas denuncias, con el único fin de menoscabar mi honor. No contento con ello, ha convocado una rueda de prensa a todos los medios de comunicación en los mismos términos.
Para que no exista ninguna confusión sólo tengo que decir que la denuncia a que se refiere Richart se produjo en enero de 2010 cuando, expulsados del PP y cesados en sus competencias y sueldos, él y cuatro compañeros se convirtieron en concejales tránsfugas negándose a entregar su acta.
Todas las denuncias que pusieron en esos días contra algunos de sus antiguos compañeros han sido archivadas, incluida la que hacía referencia a una infracción urbanística de un empresario de Villena por convertir una balsa de riego es piscina. Esta causa fue archivada provisionalmente el 12 de marzo de 2013, y transcurridos quince días sin que ninguna de las partes recurra se convierte en definitivo. Sin embargo casi un año después, el 10 de febrero de 2014, se ha admitido el recurso y habrá que esperar a la decisión judicial para que resuelva. Cabe señalar que los abogados que ejercen la acusación particular no los pagan esos concejales tránsfugas, sino el ayuntamiento.
El tema es tan absurdo como que, el que era concejal de Inspección Urbanística, acusa a su propia alcaldesa de no haber tomado resolución alguna en un tema que era su competencia.
No es cierto que el expediente desapareciera del ayuntamiento, de hecho a día de hoy sigue sin resolverse, porque el propio tripartito ha declarado la caducidad del expediente (Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 2 de diciembre de 2013) por la inactividad del concejal de Inspección Urbanística, que casualmente hasta septiembre de 2013 era el mismo Richart.
Es precisamente este concejal quien sí que está imputado por un delito de prevaricación al haber resuelto y notificado a sí mismo la suspensión de una infracción urbanística sobre una construcción ilegal de su propiedad. Actualmente su posición judicial es de acusado pendiente de juicio oral.
Si VCD (Villena Centro Democrático) fuese un partido serio ya habría expulsado a este concejal. Si fuera concejal de Hellín, el PSOE ya habría pedido su cese y dimisión y, si Los Verdes fuesen un partido responsable, su alcalde ya le habría quitado el sueldo y competencias. Pero nada de esto ocurre en Villena y este concejal sigue protegido por sus compañeros de tripartito y por un alcalde que se aferra a su poltrona.
Actualmente, Richart sigue teniendo la mayoría de sus competencias, entre las que destaca ser presidente de la Comisión de Urbanismo y su sueldo íntegro.
En el ejercicio de nuestro deber los concejales de la oposición tenemos la responsabilidad de ejercer el control y fiscalización de la acción de gobierno. Ésto es lo que vamos a seguir haciendo a pesar de las embestidas de Richart.
Una vez decidí no acceder a los chantajes políticos de este tipo de personas, y lo voy a seguir haciendo todas las veces que sea necesario.
Celia Lledó
Concejal y Presidenta PP de Villena.
