Consumo

Esta semana no habrá ironía, ni sentido del humor, ni paños calientes. No tengo ganas. Todavía hay mucho barro.

Llevamos bastante tiempo conociendo la mejora de los datos económicos en España. El PIB crece, año tras año, incluso por encima de las previsiones de los organismos internacionales y del propio gobierno; desciende el desempleo y cada vez son más las mujeres y hombres que encuentran un trabajo; el salario mínimo ha aumentado considerablemente (aunque esté todavía por debajo de todas las grandes economías europeas a las que pretendemos compararnos).

La bonanza se constata en la calle, en los establecimientos de distintas actividades, en el turismo nacional, incluso cuando observamos el tráfico de vehículos pesados en nuestras carreteras. Viendo todo esto nos preguntamos si es necesario seguir implementando medidas que iniciaron las administraciones públicas con motivo de pasadas crisis y parece que tiendan a perpetuarse sin un propósito económico de peso que se sostenga.

Ignoramos de qué manera va a afectar a la economía de nuestro país el luctuoso acontecimiento de las riadas producidas por la última DANA. Seguro que tendrá alguna repercusión. Los planes para reconstruir tantos pueblos asolados y encauzar las vidas de sus habitantes requerirán grandes presupuestos. Lo que sea necesario. Pero con la actividad económica disparada y la ayuda de la CE, España seguirá siendo unos de los motores de Europa.

Esa “alegría” se ve también en Villena. De manera que resulta curiosa, cuando menos, la explicación que da la autoridad para justificar una nueva campaña de bonos consumo financiados, a medias, por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento. La campaña está dotada con 20 millones de euros para toda la provincia y deducimos que alcanza los 40 millones si tenemos en cuenta que las localidades que participan aportan a la cantidad que reciben, otra idéntica. En nuestro caso, entre ayuntamiento y diputación saldrán a la venta bonos por valor de 746.000 euros.

La campaña se informa con estas palabras desde la concejalía y tiene dos objetivos: “incentivar el consumo en la red de comercios locales y potenciar la capacidad de compra del consumidor, afectado por el incremento de la inflación y la escalada de precios iniciada tras el conflicto bélico en Ucrania”. “La iniciativa sirve para dar un impulso a todo el tejido comercial local al mismo tiempo que se colabora con las economías domésticas de las familias”.

En cuanto al primer objetivo, teniendo en cuenta que participan alrededor de 150 comercios, si el total de los 746.000 euros se dividiera equitativamente entre todos, con el margen de beneficio con el que se suele trabajar en estas empresas y después de descontar gastos e impuestos, cabe pensar que los réditos obtenidos no servirán para dar un impulso decisivo al tejido comercial. Aún más, teniendo en cuenta que no todos van a vender lo mismo y que a la concentración de ventas durante la campaña posiblemente sucederá una bajada de las mismas en las semanas posteriores. Indudablemente cualquier ayuda es siempre bienvenida y así lo perciben los comerciantes.

En lo que se refiere al segundo objetivo, dado que el bono máximo al que se puede aspirar es de 200 euros, de los que la mitad los pone el consumidor, su capacidad de compra no sufre una variación apreciable y las economías familiares no experimentan grandes mejoras, aunque se puedan permitir algún capricho que no habían contemplado previamente.

No recuerdo cuántas campañas de bonos consumo hemos tenido hasta ahora. Seguramente la cifra de la suma de todas ellas es mareante. Probablemente los efectos de las mismas ni han sido decisivos para proteger el comercio de los pueblos ni han sido fundamentales para mejorar la economía de los consumidores. Nada que no haya ido más allá de unos pocos euros extras para las empresas y algún “antojo” consumista al que han tenido acceso los “más veloces”, los “más diestros” o quienes han podido financiar la mitad del bono frente a los que no han podido hacerlo, con lo que la justicia social, que debe conllevar cualquier actuación pública, no se ha garantizado.

Puede dar la sensación de que estas campañas no tienen otro objetivo real que el de fomentar el consumo por el consumo y tener contenta así a una parroquia de ciudadanos que, a falta de servicios y salarios mejores, de vez en cuando se dan un “lujo” más o menos necesario. Puede parecer que no hay ninguna planificación de gasto detrás de este reparto que se hace, no para el que más lo necesita, sino para el primero que llega.

Parece chusco que desde determinadas afiliaciones políticas se den por necesarias ciertas actuaciones, con poco análisis previo, si antes no explican que, o bien no saben qué hacer con tanto dinero del que disponen, o que se acaban de caer del caballo y reconocen que no hay otro camino posible que el capitalismo salvaje; que se han dado cuenta de que “los indios” solo están felices cuando les regalan espejitos y que, en realidad, eso del decrecimiento podemos seguir aplazándolo un poco más.

Los científicos aseguran que episodios trágicos como los que han sucedido tan cerca de nosotros se van a dar cada vez con mayor frecuencia. Nos advierten de la necesidad acuciante de enfriar la temperatura del planeta. Que es urgente dejar de quemar combustibles fósiles que liberan gases de efecto invernadero… En el fondo todos lo sabemos, aunque miremos para otro lado y pongamos en el poder a los negacionistas que nos llevan al cataclismo o a los tibios que lo consienten.

No quiero decir con esto que una campaña de bonos al consumo destinada al regocijo de los consumidores sea la culpable del fin del mundo. Al fin y al cabo, los momentos de felicidad, aunque sean los que se compran con dinero, no nos los quita nadie. Lo que si pediría es que se estudie, con el mayor rigor, el destino de cada uno de los euros que se gastan desde las administraciones públicas. Lo que si pediría es coherencia.

Hace unas semanas nos intentaban convencer de que la subida del impuesto por la recogida de residuos sólidos es necesaria, porque lo exige una normativa europea que busca reducir la cantidad de porquería que somos capaces de producir con nuestros actuales hábitos de consumo. Si esta normativa castiga, supuestamente, a quienes más ensucian al planeta, no parece muy congruente invitarnos a una nueva fiesta del consumo que, previsiblemente, aumentará nuestros deshechos.

Puesto que sois más inteligentes que quien escribe, sabéis que en las sociedades capitalistas la finalidad legítima de las empresas es obtener los máximos beneficios. Después tienen que pagar los impuestos establecidos. A partir de ese momento, pueden disponer de lo ganado sin dar explicaciones ni a la sociedad ni al estado. El estado (excepto en situaciones de emergencia como, por ejemplo, una pandemia o una DANA atroz) no tiene ninguna obligación de sostener o subvencionar a las empresas privadas en dificultades. Ese es el juego.

Por: García Pavón