Según la memoria correspondiente a 2006-07 presentada recientemente por el Observatorio de la Vivienda en el Parlamento, se incluye, entre otras cosas, que el mercado inmobiliario mueve tal cantidad de dinero que se genera corrupción. Una práctica viciosa, se señala en la memoria, que se ha de combatir, principalmente, dándole mayor transparencia a las prácticas urbanísticas de transformación del suelo y posterior edificación de viviendas.
También se destaca en la referida memoria que las prácticas municipales de transformación de suelo mediante procedimientos no objetivos, conducen a la apropiación de plusvalías aparte de las cesiones de suelo y del 10% de aprovechamiento urbanísticos. Tales prácticas son independientes del color político de los municipios, pues se trata de un medio de financiación para compensar la situación deficitaria de los ayuntamientos, que han asumido competencias y cargas sociales propias de las administraciones autonómicas y estatal sin la correspondiente transferencia de recursos financieros
Aunque la memoria del Observatorio de la Vivienda se refiere en términos generales a toda España, no parece aventurado afirmar que dada la cantidad de suelo transformado y de viviendas construidas en los últimos años en territorio valenciano, el nivel de corrupción del mercado inmobiliario en la Comunidad Valenciana debe ser de los más elevados en toda España, como posiblemente en toda Europa.
Si eso es así, no tiene mucho sentido la discusión en la que andan enzarzados los últimos meses populares y socialistas sobre la conveniencia o no de lograr un acuerdo urbanístico que trate de frenar la situación que ya es conocida en el resto de Europa, y que amenaza con cambiar irreversiblemente, y a peor, el perfil urbanístico del territorio valenciano en los próximos años. Porque el papel de oposición que necesariamente hace el PSOE al Consell puede ser más eficaz, y electoralmente más rentable, mostrando a la ciudadanía que en la mesa de negociación sus propuestas son las adecuada para lograr esa transparencia cuyo déficit es la causa principal de tanto despropósito urbanístico, y no presentando enmiendas a la totalidad a las propuestas de ley del PPCV, enmiendas que dada la mayoría popular no dejan de ser un brindis al viento. ¿Alguien ha pensado, por ejemplo, en la conveniencia de crear un cuerpo de inspectores de Urbanismo que de forma similar a lo que hacen los inspectores de Hacienda, de Educación o de Trabajo, se dedicaran desde la legalidad vigente a poner un poco más de orden en el oscuro mercado urbanístico? Gobierno y oposición tienen mucho que ganar, de cara al electorado, jugando limpio y atajando de raíz las viciosas prácticas de un sector que a veces da la impresión de que ha quedado, en cierto modo, fuera del control democrático del gobierno y de la oposición. Después de todo lo que estamos viviendo, estoy convencido de que a ninguno de estos partidos les interesa de verdad solucionar este asunto.
