Cuando la responsabilidad política exige rectificar
Quienes ostentan cargos públicos deben asumir las consecuencias de sus decisiones y ser coherentes con sus palabras
La responsabilidad política no es un concepto abstracto, sino un compromiso real con la verdad, la transparencia y el respeto a la ciudadanía. Quienes ostentan cargos públicos deben asumir las consecuencias de sus decisiones y ser coherentes con sus palabras.
En las últimas semanas, los vecinos de Villena hemos asistido a un episodio preocupante desde el punto de vista democrático. Se construyó un relato basado en acusaciones graves hacia una representante política que han quedado desacreditadas tras el archivo de la causa por parte de la Fiscalía, que concluye que no existen indicios de infracción penal ni responsabilidad criminal.
En este contexto, resulta especialmente relevante el papel del alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, quien solicitó públicamente la dimisión de la concejala afectada apoyándose en dichas acusaciones. Asimismo, el concejal de Urbanismo, Javier Martínez, fue quien impulsó este montaje y lo llevó a la vía judicial que ha dado lugar a un procedimiento finalmente archivado.
No se trató de hechos menores: fueron decisiones políticas que tuvieron consecuencias directas sobre la reputación de una persona y sobre la percepción pública de su gestión.
Hoy, con la causa archivada, la pregunta es inevitable: ¿dónde queda la responsabilidad de quienes promovieron estas actuaciones?
Porque en política, tan importante como exigir responsabilidades es asumirlas. No se puede pedir dimisiones a la ligera y después guardar silencio cuando la realidad desmonta el relato construido ni mantener dudas sin respaldo en la resolución judicial. No se puede dañar la reputación de una persona, y con ella, la confianza de los ciudadanos, sin consecuencias.
El daño ya está hecho. A la concejala señalada, a la institución que representa y al propio debate público en Villena. Porque cuando la sospecha se utiliza como herramienta política, lo que se deteriora no es solo una persona, sino la calidad democrática en su conjunto.
Por ello, por decencia política y respeto a la ciudadanía, corresponde una rectificación pública, clara y sin ambigüedades, tanto por parte del alcalde como del concejal de Urbanismo. Pedir disculpas no es un gesto de debilidad, sino de responsabilidad institucional.
Y si esa rectificación no llega, la exigencia debe ser coherente: quienes impulsaron estas acusaciones y solicitaron dimisiones deberían plantearse asumir las suyas propias. La vara de medir no puede cambiar según a quién se aplique.
Villena merece una política más seria, más responsable y más respetuosa. Merece representantes que trabajen desde la verdad y el servicio público, no desde la confrontación y el desgaste personal.
Lo contrario no es hacer política. Es, sencillamente, faltar al respeto a los ciudadanos.
Por: A. Céspedes
