Decenas de familias residentes en Villena Hills serán desalojadas el próximo 7 de noviembre

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Villena (PAH) ha dado respaldo a los residentes en la urbanización Villena Hills, junto al barrio San Francisco, que serán desalojados el próximo mes de noviembre sin que ninguna administración haya ofrecido una solución habitacional a los mismos.
Quico Sánchez, portavoz de la PAH, denunciaba la situación, admitiendo que los residentes lo son de forma ilegal –“son okupas”, decía– pero reivindicando a las administraciones el cumplimiento de la ley, que obliga a ofrecer alguna solución, como alquileres sociales, a las personas afectadas. “Esto es la punta del iceberg existente en Villena”, decía Sánchez, señalando que “36 son las familias que se han unido a la plataforma de afectados, pero hay más familias en Villena Hills, y hasta 120 demandantes de vivienda social en el departamento de Servicios Sociales, pero la respuesta del ayuntamiento es que no dispone de ninguna vivienda”.

Según Sánchez, la Caixa, propietaria de la urbanización, “está ofreciendo hasta 2.000 euros a las familias para irse, para posteriormente tapiar esas viviendas, porque posiblemente esté todo vendido a un fondo buitre”. No obstante, añadía, “se estima que un 15% de las viviendas de Villena están vacías, la mayor parte en propiedad de los bancos, que no se van a poder deshacer de ellas, bien porque no están en condiciones, bien porque son muy costosas y no hay demanda para ellas, cuando la obligación de las administraciones sería sentarse a negociar y encontrar una solución, porque la alternativa es dejar a decenas de familias, y más de 60 niños, en la calle”.

En la misma línea, José Navarro, también de la PAH, pedía a “Servicios Sociales, Vivienda, el juzgado y la Caixa que reconozcan y garanticen el derecho constitucional de los ciudadanos a tener una vivienda digna, que reconozcan la existencia de este problema y trabajen por solucionarlo, que reconozcan la extrema vulnerabilidad de estas personas y que reconozcan que los que más van a sufrir, si llega el desalojo, serán los niños, que quedarán marcados de por vida”.

“No queremos ser okupas”
Donnie y Félix son dos de los vecinos afectados, que señalaban que “no queremos ser okupas ni ilegales. Queremos una vivienda digna, pero por circunstancias de la vida, como la falta de empleo oficial, no podemos aspirar a una hipoteca ni a un alquiler en el mercado libre, por lo que un alquiler social es la única opción que nos queda. Tan solo queremos un techo digno para nuestros hijos, porque entendemos que es un derecho como la luz, el agua, la educación o la sanidad”, concluían, entre los aplausos de los numerosos vecinos congregados.