Desde hace meses, los independentistas catalanes aluden al derecho a decidir como un recurrente argumento con el que defender y justificar su postura secesionista materializada por una Cataluña separada del Estado español. Una amputación territorial que se está comprobando traumática social y políticamente, como también lo es personal y familiarmente afrontar un aborto.
Ya sé que a muchos, y sobre todo a muchas, les resultará llamativa la comparación. Pero creo que, atendiendo a su naturaleza estrictamente jurídica, puede servir para explicar la opinión que quiero manifestar en este artículo. Mi intención sólo es aportar una visión complementaria a todo lo comentado y analizado hasta ahora por periodistas, políticos y expertos sobre el denominado problema o conflicto catalán.
El aborto se recoge en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho, nunca como una obligación, que puede ejercer la mujer que lo considere necesario. Siempre supone, a pesar de tratarse de una decisión muy difícil y dolorosa, un acto libre, legal y responsable que permite dar una solución dentro de unas circunstancias y unos supuestos claramente delimitados, conforme a unos plazos establecidos.
Este derecho a decidir está respaldado por las normas del Estado, las prácticas profesionales médicas y un amplio consenso social, con la excepción de la Iglesia católica que todavía lo reprueba. Más allá de dogmas de fe religiosos, se inspira en un sistema de garantías de una sociedad progresista y avanzada al que da cobertura la sanidad pública, precisamente para evitar que la madre asuma riesgos innecesarios para su vida. Así pues, la Administración ofrece respuestas a una realidad ante la que no puede cerrar los ojos, lavarse las manos o eludir adoptar medidas. Y aunque quizá alguien pueda tergiversar su sentido, la existencia de una ley del aborto no debe entenderse como una promoción y una incitación al mismo.
El derecho a decidir al que se refieren de manera populista y oportunista el PDeCat, ERC y la CUP, organizadores y promotores del supuesto referéndum ilegal del 1 de octubre, no está reconocido por la Constitución española, el Estatuto catalán ni las leyes europeas, no cuenta con un respaldo social mayoritario ni dispone del refrendo de funcionarios del Parlament catalán, los jueces, los fiscales y los catedráticos de Derecho universitarios.
Mientras buscan imponer unilateralmente su ilusorio dogma de fe soberanista, que apela al sentimiento y no a la razón, exhiben un victimismo demagógico que está generando división social, altercados, amenazas y coacciones contra los discrepantes, al tiempo que ponen en peligro la normal convivencia en Cataluña. El temor, la incertidumbre y la confusión crecientes requieren abrir un nuevo tiempo político de sosegado diálogo entre todos los partidos para proponer consensos y cambios constitucionales y estatutarios con el fin de construir, no de destruir.
Si Ruiz Gallardón tuvo que demitir como ministro de Justicia por no poder llevar a cabo su retrógrada modificación de la actual ley del aborto, ¿podríamos llegar a pensar que el Partido Popular estaría dispuesto a replantearse su postura en el asunto de Cataluña? Sin duda, un actor principal que ostenta el gobierno y la mayoría parlamentaria, disfrutando asimismo de un considerable apoyo electoral. De otro modo, la tan deseada por algunos república catalana no nacerá nunca. Y, lo que es más grave y desolador, la actual autonomía de Cataluña puede estar ya muerta.
