Hace poco 8 personas ancianas fallecían y 11 quedaban heridas a causa de un incendio en una residencia de Zaragoza. Una residencia para mayores que, pese a estar en funcionamiento 17 años, no existía legalmente para el Ayuntamiento, aunque según informa la prensa la Comunidad Autónoma había concertado plazas con ella, es decir, había invertido dinero público para ofertarlas a la ciudadanía.
Al parecer en el momento del incendio se encontraban en el recinto 19 residentes y una sola persona a su cuidado. Ignoramos si se cumplía o no la ratio, eso es otra cuestión que también merece atención.
De este llamémosle descuido de la administración nos hemos enterado a causa del desgraciado suceso, pero ¿cuántas residencias más habrá en las mismas circunstancias? ¿Cómo es posible que un centro reciba subvenciones o realice convenios con la administración sin cumplir el más mínimo requisito, como es la licencia de apertura o funcionamiento?
Las distintas administraciones tienen la obligación de verificar y controlar que los centros concertados o subvencionados se ajusten a la normativa y cumplan la función para la que fueron creados, supeditando los conciertos a su estricto cumplimiento.
No estamos ante un chiringuito de playa. Una residencia de mayores, así como otros centros específicos, como centros para menores, drogodependientes
, acogen en sus instalaciones a personas. Personas en una situación vulnerable, pero que merecen el máximo respeto a sus derechos. Derechos que en ningún caso se deben vulnerar, ni por ineptitud, ni por desidia, ni mucho menos por una posible connivencia.
