El 31 de mayo, los abogados del Turno de Oficio de Villena presentarán su baja de servicio

Ante la propuesta del Consejo General del Poder Judicial que ha trascendido en las últimas semanas en los medios de comunicación, de unificar los partidos judiciales de Alcoy, Ibi y Villena, queremos manifestar nuestro rechazo a la misma.
Hay diferentes motivos para oponernos a la medida, pero el principal y el que debemos resaltar en primer lugar, es que supone un alejamiento de la justicia, tanto para los ciudadanos, como para los profesionales. Los trámites presenciales que deben hacerse ante el juzgado, implican el desplazamiento a la sede del mismo, por lo que actuaciones que se realizan en Villena, pueden verse afectadas por está fusión y habrán de realizarse necesariamente en Ibi o Alcoy. Las comunicaciones a través del transporte púbico entre los diversos municipios que compondrían la nueva demarcación judicial, son inexistentes en muchos casos y supone, como ya se ha dicho, que se distancie el órgano judicial del justiciable, no solo geográficamente, si no también de forma material.

Por otra parte la operatividad de la mediada es dudosa, y también el ahorro que supondría.

Para concluir este punto, hemos de resaltar el rechazo frontal que la propuesta ha tenido por parte de la práctica totalidad de los afectados por la misma que hasta la fecha se han pronunciado. Tanto la Conselleria de Justicia, como los Colegios de Abogados de Alicante y Alcoy y los Ayuntamientos de Villena y Alcoy, se han posicionado en contra de la Fusión.

Baja de los abogados del Turno de Oficio
En otro orden de cosas, también queremos anunciar que todos los Letrados del Turno de Oficio que prestan sus servicios en el Partido Judicial de Villena han solicitado la baja conjunta del servicio, que se hará efectiva el próximo día 31 de mayo, si no se producen avances significativos en la negociación y compromisos que se mantienen con la Conselleria de Justicia.

Dicha baja viene motivada por la falta del debido reconocimiento a la dignidad del trabajo del Abogado de Oficio, que se concretan en diversas descalificaciones hacia la profesión y el colectivo realizadas por el Conseller de Justicia, en la modificación unilateral, que se ha producido en el baremo que establecía las retribuciones del servicio, y en el retraso endémico que se produce en el pago del mismo.