El Ayuntamiento de Villena está privatizado, quién lo desprivatizará…

Como ocurre con los trabalenguas, a veces resulta complicado articular una opinión para pronunciarse de un modo tan rotundo sobre la realidad municipal, con el riesgo añadido de poder incurrir en algún error de apreciación. Intentaré por ello ofrecer argumentos que, aunque parezcan exagerados, responden a una inquietud sustentada en actuaciones concretas del actual equipo de gobierno.
Por naturaleza, una Administración pública no puede privatizarse. Además, su consideración jurídica y la legislación que le es aplicable también avalan esta afirmación. Sin embargo, ciertas decisiones políticas, a veces, redundan más en un beneficio privado, partidario y partidista que en un interés colectivo o en el tan socorrido bien común. En este sentido, las intenciones y los gestos que inspiran los hechos son tan importantes como los resultados y el cumplimiento de la normativa.

El Ayuntamiento de Villena tiene tres niveles distintos de “privatización”. El primero responde a la discrecionalidad que tienen los gobernantes para elegir, conforme a la ley, sus “cargos de confianza”. Es decir, el personal interino que no requiere de ningún proceso público de selección para ostentar su cargo. El segundo se circunscribe a la contratación de servicios menores a empresas y/o profesionales externos que, por su reducida cuantía, no necesitan de la convocatoria de concurso público y abierto con su correspondiente pliego de condiciones y publicidad. El tercero se circunscribe a la gestión de los asuntos públicos que afectan a la ciudadanía y a los criterios que usan los responsables políticos para ejercer el poder que les ha sido encomendado por las urnas.

Cargos de confianza: En la pasada legislatura, los cargos de confianza, sin ser un requisito obligatorio, participaron en procesos de selección abiertos atendiendo a sus méritos, formación y trayectoria profesional. Una manera de contrarrestar el nepotismo. De ello se informó puntualmente a los medios de comunicación. Con la mayoría absoluta Verde no se ha repetido la experiencia, ni se han rendido cuentas ante la opinión pública. Así pues, ha habido una notable falta de transparencia y una ausencia de igualdad de oportunidades. Incluso se ha contratado a un familiar directo de una edil arguyendo su alta cualificación.

Contratación externa: La contratación de empresas y profesionales externos fue numerosa en el periodo 2011-2015 para realizar informes técnicos, trabajos específicos, etc. La cuantía por proyecto no debía superar los 18.000 euros para evitar el concurso, algo lícito y legítimo. La justificación consistía en no burocratizar la gestión, asegurar el buen funcionamiento de la Administración local, no disponer entre el funcionariado de los perfiles adecuados o no contar con recursos humanos suficientes debido a las restricciones impuestas por el Gobierno estatal para convocar plazas de empleo público.

Unas veces la inversión, cuyo montante total nunca se ha hecho público, ha sido más exitosa y otra menos. Los resultados no siempre han cumplido con las expectativas o han redundado en una contrastada utilidad para el municipio. Un asunto que tampoco se ha fiscalizado convenientemente desde la oposición. El dinero público debe ser de interés público.

Ahora, en solo un año de legislatura, los Verdes han incrementado este tipo de contrataciones externas en múltiples ámbitos: urbanismo, medio ambiente, igualdad, turismo, desarrollo económico, obras y servicios, etc. Sería oportuno conocer si se han aprovechado los trabajos anteriores; si se ha hecho borrón y cuenta nueva; si hay una transversalidad estratégica; cuáles son los criterios de valoración y contratación de empresas, profesionales u entidades sin ánimo de lucro, etc.

Por otra parte, mediante la contratación de diversas empresas, ha de hacerse compatible impedir los monopolios, el “amiguismo” y el incumplimiento de la ley con no caer en la dispersión, la redundancia o, en el peor de los casos, la ineficacia más absoluta. Se achaca al Consistorio que es un “reino de taifas”, donde cada edil y su departamento municipal actúan con un afán personalista y autónomo que perjudica la coherencia y la coordinación.

Criterios de gobierno: Los ayuntamientos no son cortijos que se organizan a conveniencia y como al alcalde de turno le da la gana, por mucha mayoría absoluta que se tenga. Tomar decisiones conforme al ideario político es una responsabilidad exigible a los que quieren liderar el cambio. Sin embargo, siempre tendrá que conseguirse con un diálogo constante y llegando a acuerdos con la oposición y la ciudadanía, sin imposiciones. El único modo para que las medidas sobrevivan al cortoplacismo.

Algo que, no se está poniendo en práctica ni al aprobar ciertas Ordenanzas ni al firmar ciertos convenios ni al materializar de facto ciertas prohibiciones. Por lo que cada vez se evidencia un mayor distanciamiento entre el equipo de gobierno Verde y las entidades, las asociaciones, los sindicatos, los partidos políticos y los colectivos sociales.

Y mientras, se sigue eludiendo hacer partícipe activamente a la ciudadanía en la tramitación de los presupuestos, en las decisiones de calado festero o en el debate de la municipalización de ciertos servicios públicos como la recogida de residuos o el agua.