El Ayuntamiento estudiará la cesión de solares e inmuebles municipales del Casco Histórico para la instalación de negocios

La moción presentada por el Partido Popular al Pleno, solicitando un inventario de los solares y casas municipales del Casco Histórico para cederlos a particulares o empresas con el fin de incentivar la implantación de negocios en esa zona, fue finalmente retirada por el PP, que no quiso incluir la enmienda realizada por Mercedes Menor, edil de Casco Histórico, al entender que “le quita el sentido a la moción inicial”.
Menor avanzaba que ya se ha actualizado el inventario y se está trabajando en una herramienta informática que facilite el acceso a esta información, al tiempo que se espera mantener una reunión con el personal jurídico para estudiar los mecanismos de cesión de los edificios municipales “a particulares y empresas, pero también a asociaciones”. Por eso propuso a la oposición que el compromiso de la moción fuera que se continuase trabajando en este sentido, algo que el PP no aceptó.

Por el contrario la moción del Grupo Popular en la que solicitaban una reducción del 50% en la tasa de licencia de aperturas para desempleados o menores de 35 años se dejó sobre la mesa, como propuso Pedrosa, a la espera de que el Interventor realice un informe sobre las posibilidades reales de introducir estas bonificaciones. Aunque antes el PP tuvo la tentación de retirarla, al considerar que su sentido cambiaba totalmente si se incorporaban las enmiendas hechas por el edil de VCD.

Algo similar ocurrió con la petición del PP para que la contratación de suministros, material y consumibles por parte del Ayuntamiento, se realice siempre a empresas de Villena. Juan Carlos Pedrosa, edil de Industria, pidió a los populares que dejasen la moción sobre la mesa porque “lo que piden es lo que ya se hace prácticamente al 100%” y que se hiciera un informe jurídico para determinar la forma legal de que las contrataciones se hagan a empresas locales. Pero la oposición no accedió, asegurando que Pedrosa estaba “evadiendo el tema” para no aprobar la propuesta, que finalmente fue desestimada, por los votos negativos de Los Verdes, PSOE y VCD.

El PP también pedía que se dotara en los próximos Presupuestos de una partida destinada a hacer accesible el edificio de la Concejalía de Educación, instalando un ascensor, algo que fue rechazado por el equipo de gobierno, después de que Virtudes Hernández, edil de Educación, indicara que “en cuanto sea posible acometer esa actuación, se hará, pero por el momento debemos establecer las prioridades de la concejalía”. Desde el PP se criticó la decisión, señalando que era “una pantomima” que en junio se comprometieran en Pleno a poner el ascensor y que ahora no lo consideran prioritario.

Tanto la modificación de la ordenanza para la tramitación de Licencias Urbanísticas como la aprobación definitiva, incluyendo las alegaciones realizadas por los técnicos, de la Ordenanza municipal para la apertura o funcionamiento de industrias y establecimientos, fueron aprobadas por unanimidad. No obstante el portavoz del Partido Popular, José Joaquín Valiente, lamentó que se hubiera tardado casi un año en su aprobación –desde que se publicó la nueva ley al respecto–.

Por unanimidad se aprobó también otra moción del PP, la que buscaba el compromiso del Ayuntamiento para destinar la cantidad que la EPSAR devolverá a Villena – unos 281.000 euros– a la última fase de encauzamiento de la Rambla Conejo.

El consenso reinó igualmente al aprobar la moción del concejal de Medio Ambiente para que Sierra de Salinas sea declarada Parque Natural, una propuesta que el resto de municipios colindantes a la sierra votarán en sus próximos Plenos y que será elevada a la Generalitat Valenciana para que se le dé esta protección “que nos permitiría obtener más recursos para el mantenimiento de este paraje”, según el edil José Tomás Molina. Y también de forma unánime se acordó el nombramiento de miembros del Consejo Municipal de Medio Ambiente.

Para finalizar, y por despacho extraordinario, se votó también por unanimidad una moción de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para exigir a la Generalitat el pago de la deuda que mantiene por convenios con los Ayuntamientos, y en el caso de que no pueda ser inmediato, que se establezca el calendario de pagos. En la misma se apoya al Gobierno Valenciano para que reclame al Gobierno Central que recurra al Fondo de liquidez para hacer este pago y que se establezca como prioridad el pago a los Ayuntamientos.