El Ayuntamiento negocia con la concesionaria de la piscina para no pagar los más de 600.000 euros de pérdidas
El equipo de gobierno está trabajando con la UTE que gestiona la piscina cubierta de Villena para encontrar la forma de no tener que abonarle este año los 619.67998 euros que ésta le reclama para restablecer el equilibrio económico de dicho servicio, después de que en su primer año de apertura los ingresos fueran sensiblemente menores a los que preveía el estudio de viabilidad del contrato firmado bajo el mandato del PP.
Entre octubre de 2011 y octubre de 2012 con los 5 primeros meses sin actividad, porque la piscina abrió finalmente en marzo los gastos fueron de 674.39066 euros (a los que se añaden los gastos desde que se firmó el contrato en octubre de 2009: 127.71146 euros), pero los ingresos fueron de 182.43114 euros. Por eso la concesionaria del Centro Deportivo Villena exige al Ayuntamiento que en su presupuesto municipal incluya una partida para pagarle esos 619.67998 euros.
De ello daban cuenta el alcalde de la ciudad, Francisco Javier Esquembre, y el edil de Deportes, Pablo Juan Martínez, tras recibir la memoria anual de dicho centro y la auditoría externa de sus cuentas. En vista de los resultados, el equipo de gobierno cree que el PP ha condenado a los villenenses a abonar una hipoteca por los sueños de grandeza de la alcaldesa Celia Lledó, afirmaba el concejal, insistiendo en que se construyó un centro deportivo desproporcionado y sobredimensionado para esta ciudad.
Además los populares mintieron al decir que la piscina no iba a costar un euro a los ciudadanos, decía Martínez. Y es que a día de hoy la propia empresa dice que es inviable alcanzar ese equilibrio económico por la crisis y porque no caben tantas personas como son necesarias y establecía el pliego de condiciones. Hay franjas horarias en que se alcanza el aforo máximo, 150 personas, pero según el pliego, sería igual de utilizada todo el día y no es cierto.
El edil sostiene que esta concesión es un crédito encubierto para la construcción de la piscina, que en vez de un banco lo concedió una empresa a 40 años y a pagar en una amortización de un 55% de interés anual. Según Martínez será prácticamente imposible pagar la amortización del centro, que cifran entre 300.000 y 350.000 euros hasta el 6º año lo que supondrá que en el año 2050 el Ayuntamiento seguirá pagando las deudas. Pese a todo reconocía la gran labor realizada por la UTE, apuntando que sin su buen hacer, la factura podría haber sido de hasta 900.000 euros.
Por su parte el alcalde afirmaba que ni debemos, ni queremos, ni podemos pagar esos 600.000 euros y por eso estamos negociando con la empresa para sacar más rendimiento a la piscina y que la pérdida anual sea la mínima. Se está buscando una flexibilización del contrato trabajando en tres líneas, trasladar la deuda de los meses que ha estado inactiva al final de la concesión, ampliar los años de concesión hasta 50 años, pero también reducir las tarifas y ampliar los horarios, algo que esperan tener listo para el mes de mayo.
Asimismo, y ya que el Ayuntamiento está obligado a pagar 300.000 euros por año, se ha planteado que con ese dinero se subvencione parte de la entrada al centro para clubes deportivos, asociaciones socio-sanitarias, colegios, etc., en horas de poco uso. No obstante se trabaja también en otras medidas que no están cerradas a día de hoy.
