El Ayuntamiento recomienda no usar los balcones del inmueble dañado en San Martín de Porres
La Policía Local informará a los propietarios de las medidas preventivas a tomar y acordonará el exterior para evitar posibles incidentes
El Ayuntamiento de Villena, a través de la concejalía de Urbanismo, ha establecido como medidas preventivas la recomendación a los propietarios del inmueble de la calle San Martín de Porres que sufrió desprendimientos en sus balcones por efecto de las últimas lluvias de no utilizar su balcones y el acordonamiento exterior en la vía pública para evitar el paso de peatones y el aparcamiento.
La medida se toma a instancias de los informes técnicos y tras la reunión mantenida en enero con los propietarios que alertaban del estado de deterioro de estas estructuras, aceleradas por los últimos desprendimientos ocasionados con las fuertes lluvias de los últimos días.
La Concejalía de Urbanismo ya informó a principio de año a los propietarios de estas viviendas, que cuentan con una vida de más de 50 años, del estado de deterioro de algunas estructuras y de la necesidad de acometer reformas de seguridad. Los últimos sucesos de esta semana han acelerado las medidas y las exigencias de Urbanismo a las comunidades de propietarios para que tomen medidas y hagan las reparaciones necesarias.
El edil de Urbanismo, Francisco Iniesta, ha explicado que “las medidas propuestas tienen por objeto proteger a las personas, tanto a quienes viven en estos apartamentos como a los transeúntes, ante eventuales nuevos desprendimientos”. El concejal, que aclaró que la responsabilidad del estado del inmueble es de cada uno de los propietarios, mostró su predisposición a colaborar con ellos en la búsqueda de soluciones.
En este sentido, la Resolución de la Concejalía de Urbano apela a los propietarios a “la mayor brevedad posible, dado el carácter urgente por tratarse de posible caída de elementos a la vía pública, que todas las comunidades de propietarios en las que se observe peligro de desprendimientos deberá realizar los trabajos necesarios para conseguir la seguridad de la zona a la que recae, retirando aquellos elementos susceptibles de caer, así como la colocación de elementos de seguridad y/o apuntalamiento frente al riesgo si fuese necesario”.
Además, se establece que se realicen informes técnicos por parte de la comunidad de propietarios para “determinar cuáles son los motivos de la enfermedad de la estructura y de qué manera hay que intervenir en ella para solucionar el problema: reparación, refuerzo o sustitución”.
Por ello, la Resolución considera que “puesto que se trata de edificaciones de más de cincuenta años, se requerirá a las comunidades que todavía no lo tengan el Certificado acreditativo del Informe de evaluación del edificio, tal como marca la normativa vigente, donde se revise el edificio para establecer las obras necesarias para su mantenimiento en condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad, atendiendo a la situación urbanística de la finca”.
