El equipo de gobierno volverá a tramitar la concesión del agua potable y depurará las posibles responsabilidades políticas

Tras conocer la sentencia por la que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana anulaba la contratación del servicio de agua potable, el Partido Popular propuso una moción de urgencia para tramitar de nuevo la adjudicación del servicio, depurar las responsabilidades políticas que pudieran existir al respecto y facultar a la alcaldesa de Villena para solicitar los informes jurídicos necesarios para ello a un gabinete jurídico distinto al contratado por el anterior equipo de gobierno, ya que ha formado parte de dicho proceso judicial. El texto fue aprobado con la abstención de los partidos de la oposición, que pidieron más tiempo para estudiar la sentencia.
El portavoz del PP, José Joaquín Valiente, calificó los hechos recogidos por la sentencia como “de suma gravedad”, explicando que el fallo hablaba de irregularidades en el procedimiento de adjudicación, achacando éstas a la actuación del anterior concejal de Aguas, el socialista Jesús Santamaría, por inventar un “innecesario e irregular” trámite de confirmación de ofertas de las empresas presentadas, del que se valió la empresa adjudicataria.

Ante estas acusaciones, Santamaría defendió su gestión afirmando que si solicitó de las empresas que confirmaran el valor del canon de concesión, fue de acuerdo con los técnicos municipales y los representantes políticos que tomaron parte en la mesa de contratación. Según él, esta petición era una aclaración a las dudas que los técnicos tenían respecto a dicho canon.

Pero Valiente insistió en que la sentencia es “contundente” y aclara además que “en la mesa se otorgaron puntuaciones arbitrarias, vulnerando los criterios objetivos del pliego de condiciones”. Ante el fallo del Tribunal Superior no cabe recurso alguno, por lo que lo único que queda es volver a convocar la mesa de contratación, atendiendo a los criterios de los asesores jurídicos sobre los pasos a dar y teniendo en cuenta que la empresa a la que se ha anulado la concesión queda descartada del proceso.