El Gobierno veta a regantes e instituciones alicantinas en la supervisión del trasvase
El Ministerio de Economía y Hacienda, del que depende la constitución del grupo técnico de seguimiento de las obras del trasvase Júcar-Vinalopó, ha dejado fuera de la supervisión de la ejecución del proyecto al 90% de los regantes e instituciones de la provincia de Alicante, según consta en la propuesta que hoy tiene previsto aprobar el Comité de Seguimiento del Programa Operativo Local de la Comunidad Valenciana. La decisión, avalada por el Ministerio de Medio Ambiente, que es en definitiva el que elige los miembros del grupo, supone un nuevo desplante del Gobierno central a la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó desde que se modificara el trazado y expulsara del consejo de administración de Aguas del Júcar al presidente de los regantes, Andrés Martínez.
La creación de la comisión de seguimiento es una de las condiciones que impuso la Unión Europea cuando en diciembre de 2006 comunicó al Gobierno el aumento de la subvención de las obras del trasvase hasta los 120 millones de euros. Desde entonces, los intentos de los usuarios para negociar con el Ministerio han sido estériles, lo que ha derivado en que Aguas del Júcar haya iniciado las obras de una canalización que, de momento, apenas tiene futuros usuarios, a excepción del ayuntamiento de Elche y tres de las sesenta comunidades de regantes que debieran recibir los caudales. Medio Ambiente cimienta su postura en el apoyo de Bruselas, de los regantes de Valencia y los grupos ecologistas que forzaron el cambio del proyecto.
La comisión técnica, cuya creación se debe aprobar hoy, jornada que coincide con la visita de un grupo de cargos públicos de la UE a los terrenos donde se levanta la desaladora de Torrevieja - obra que cuenta con una subvención europea de 55 millones de euros - estará compuesto por 16 personas propuestas por Medio Ambiente, además de los representantes de la CE y la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía. El presidente será un miembro de la Confederación del Júcar y junto a él un representante de la Dirección General del Agua; dos de la Generalitat; uno del gobierno de Castilla-La Mancha; uno de Aguas del Júcar, uno de Acuamed y uno de Seiasa, la sociedad del Ministerio de Agricultura que se encarga de la modernización de los regadíos. Por otro lado y en representación de los usuarios del agua, en el grupo figuran tres regantes de la cuenca cedente (Acequia Real del Júcar, Usuj y Usuarios Hidroeléctricos) y «un representante de los regantes-usuarios de la cuenca receptora». Hasta ahora el Ministerio ha presentado como teórico interlocutor con los usuarios a Jaurés Mira, presidente de una comunidad de regantes de Agost, miembro de la Junta Central, pero a la que ésta no reconoce como mediador, según se decidió y se le comunicó en su día en una asamblea extraordinaria.
Resulta también paradójico que en la cuota de miembros del grupo técnico destinado a las «organizaciones no gubernamentales» figuren integrantes de Xúquer Viu y la Fundación de la Nueva Cultura del Agua, dos colectivos que en un principio se opusieron al trasvase y a los que la Junta Central acusa de ser los autores del cambio del trazado. Completa esta lista un representante de la Politécnica de Valencia. Ni la Universidad de Alicante, ni la Miguel Hernández de Elche han sido convocadas.
El presidente de la Junta Central del Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, calificó la composición del grupo técnico de «insulto a la provincia de Alicante y gol por toda la escuadra a la UE, un nuevo gol a Bruselas y un premio para los estómagos agradecidos de Xúquer Viu y la Fundación para la Nueva Cultura del Agua. Una vergüenza mas». El consejero-delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán, no vio desequilibrio en el grupo. «El listado es provisional pero se trata de la misma comisión que trabajó para lograr un proyecto real que traiga agua de calidad a la provincia de Alicante».
Fuente: Diario INFORMACIÓN.
Autor: F. J. BENITO.
