El Grupo Municipal Verde denuncia que la Generalitat ha renunciado a ampliar y mejorar la depuradora de Villena
El pasado viernes se publicó, en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, la renuncia de la Entidad Pública de Saneamiento de las Aguas Residuales (EPSAR) que depende de la Generalitat a la contratación de las obras de mejora y ampliación de la estación depuradora de Villena, a la que vierten esta ciudad y otros tres municipios del Alto Vinalopó.
Esta actuación se licitó en junio de 2007 por valor de 1,5 millones de euros y la Generalitat Valenciana sólo tenía que adjudicarla pero llevamos tres años y medio esperando, señala la portavoz del Grupo Verde, Cate Hernández. Su grupo considera vergonzoso el retraso en estas obras y desde el año 2009 venía reclamando que se realizaran las obras.
Por otro lado, no saben en qué situación se encuentra la sanción de hasta 600.000 euros que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) anunció para estas cuatro poblaciones Villena, Beneixama, Campo de Mirra y Cañada por verter aguas a la Acequia del Rey sin estar totalmente depuradas. Y recuerdan que la EPSAR debía mejorar la depuradora para que las aguas vertidas al cauce público tuvieran calidad.
Así que les sorprende que ahora esta entidad haya anulado las obras, alegando la Generalitat Valenciana que está redactando un nuevo plan denominado 100x75 para trabajar en un anteproyecto de construcción y explotación de depuradoras, donde se definirá qué obras hay que ejecutar. Los Verdes creen contraproducente que se tome esta decisión sobre la depuradora de Villena, evadiéndose del compromiso adquirido hace 3 años.
Por ello presentan una moción al Pleno, proponiendo enviar a la EPSAR toda la documentación sobre los problemas medioambientales que se están dando en Villena por el mal funcionamiento de la depuradora y solicitarle que revoque su decisión de suprimir las obras. Piden además que se mande esta moción al resto de localidades integrantes de la Comunidad de Usuarios de Vertidos del Alto Vinalopó, para que se unan a la reclamación. Por último, si la EPSAR no anula su decisión, plantean que estos ayuntamientos tomen medidas jurídicas para obligarle a que realice la obra.
El Grupo Verde insiste en que ésta es una obra de necesidad vital y ecológica para una población de casi 50.000 personas que están pagando a la EPSAR un canon de unos 100 euros anuales, por el uso de la depuradora. Y tenemos todo el derecho a exigir y llevar al juzgado, si es necesario, a esta entidad pública (dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente) que es la responsable de velar por la buena depuración de las aguas, añade Hernández.
