El Grupo Verde propone iniciar un contencioso contra la EPSAR si no asume la multa por los vertidos a la Acequia del Rey
El Grupo Municipal Verde cree que ante el expediente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por los vertidos contaminantes a la Acequia del Rey, la alcaldesa de Villena, Celia Lledó, y el portavoz del equipo de gobierno, José Joaquín Valiente, sólo comparecieron para echar balones fuera, sin dar información relevante ni asumir responsabilidades o exigirlas.
Según su portavoz, Cate Hernández, deberían pagar esto en las urnas, pero antes debe dar explicaciones a la ciudadanía sobre las causas de la alta contaminación de esta agua residuales, cuáles sus consecuencias sobre el medio ambiente y la salud pública, qué medidas se han tomado para corregir el problema y qué responsabilidades políticas se han exigido a la Entidad Pública de Saneamiento (EPSAR), dependiente de la Generalitat Valenciana, por el mal funcionamiento de la depuradora.
Los Verdes consideran vergonzoso que nuestros gobernantes digan públicamente que no saben a que dedica la CHJ el canon de vertidos que cobra a la ciudad y lo califiquen de impuesto revolucionario, cuando esta tasa está recogido en el reglamento público hidráulico desde 1986 y su finalidad es financiar el estudio, control y mejora de las acequias, ríos y aguas subterráneas que reciben los vertidos que realizan los usuarios. Para el Grupo Verde es un canon fundamental, al ser prioritario proteger un bien tan escaso como es el agua en nuestra comarca.
Se preguntan dónde está la ética del Partido Popular que mientras exige un control sobre los vertidos al río Júcar para que el agua del trasvase al Vinalopó sea de calidad, en Villena consiente que se vierta agua altamente contaminada sobre un cauce público. Es una hipocresía más del PP, que exige pero no cumple, decía la edil.
Además indican que en 2009 los particulares y empresas de la ciudad pagaron, a través de la empresa concesionaria del agua potable, un total de 165.000 euros por el canon de saneamiento a la Generalitat para el mantenimiento, explotación y construcción de la depuradora. Quieren saber a donde ha ido a parar este dinero, y el recaudado en las poblaciones de Cañada, Camp de Mirra y Beneixama, pues no se ha empleado en realizar las obras para el tratamiento terciario que se licitaron en 2007. ¿Y por qué el equipo de gobierno permite que realicemos vertidos ilegales a la Acequia del Rey sin exigir a la EPSAR que cumpla sus funciones?, se pregunta.
La Generalitat debe pagar
Por todo esto a través de una moción al próximo pleno pedirán que la Comunidad de Usuarios de Vertidos del Alto Vinalopó denuncie ante la Conselleria de Medio Ambiente los problemas que han afectado a Villena por el mal funcionamiento de la depuradora, que exija a la EPSAR que pague la posible sanción de la CHJ por los vertidos y si no lo acepta, que se interponga un contencioso administrativo contra dicho organismo. Además quieren que la Generalitat informe sobre el estado de la licitación de las obras de ampliación de la depuradora de Las Virtudes (incluidas en el Plan Confianza) y que agilice su tramitación.
