Cuando se gobierna a base de desorden e improvisación, suele suceder que las cosas no salen como debieran o que directamente no salen, porque en el camino se topan con algún obstáculo no previsto. Esto es lo que a lo largo de estos cuatro años de gobierno Verde en solitario está sucediéndole a nuestra ciudad, que multitud de proyectos no salen adelante por plena incapacidad de desarrollo y que otros tantos menesteres de nuestro día a día se han ido viendo afectados por esta forma de desgobierno.
Y cuando esto sucede de forma generalizada, es normal que la enfadada ciudadanía apunte como responsables a aquellos que democráticamente eligieron para gobernar nuestra ciudad, lo que ya no es tan normal es que éstos, cuando se ven señalados por aquellos que le depositaron su confianza, hagan nula autocrítica y desvíen la atención sistemáticamente hacia otro enemigo, presunto responsable de nuestras desdichas.
Con Montoro ya depuesto como ministro gracias a la moción de censura del PSOE y con las modificaciones del gobierno de Pedro Sánchez a la llamada ley Montoro que ahora dan más manga ancha con el gasto a aquellos ayuntamientos que contaban con superávit en sus arcas, nuestro alcalde necesitaba de un nuevo enemigo al que culpar de todo para que no se vieran las vergüenzas del gobierno verde. Y entonces llegó la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP).
Cabe aclarar que dicha ley, que modifica los procedimientos a la hora de adjudicar contratos o dar subvenciones, data del 8 de noviembre del pasado año y que entró en vigor en marzo de 2018, pero parece ser que todo ese tiempo no ha sido suficiente para que el señor Esquembre adaptara la administración local al nuevo proceso que marca la actual ley. Y debido a esta no adaptación a las nuevas reglas de juego, los retrasos en pagos y trabas administrativas han ido produciéndose de forma sistemática, generando el malestar de entes como asociaciones y clubes deportivos que han visto como sus asignaciones han ido viéndose afectadas por esta disfunción o que directamente se ha perdido en el camino.
En el partido socialista nos sorprende como ante este malestar por parte de las asociaciones, el alcalde no ha hecho sino echar balones fuera y culpabilizar a éstas de los problemas que han ido sufriendo, no temiendo el salir en ruedas de prensa a señalar directamente a asociaciones contradiciendo incluso las versiones emitidas en comunicados, como fue el caso de los belenistas. Tampoco entendemos cómo puede ser que esta ley al ayuntamiento de Villena le suponga el mayor de los escollos mientras que en el resto de poblaciones se sigue funcionando con normalidad y se han adaptado a los nuevos procedimientos administrativos sin mayor problema.
Por todo ello, desde el partido socialista instamos a nuestro alcalde a que deje de poner excusas, de escudarse en la legislación y de culpar a todos de los fallos que él y su equipo cometen y proponemos que se ponga al personal del ayuntamiento al servicio de asociaciones y colectivos de manera eficaz para facilitar esa tramitación burocrática que tan enrevesada puede llegar a resultar para aquellas personas que comandan agrupaciones, pues no hay que olvidar que en muchos casos este tipo de trámites recaen sobre gente que realiza su labor de forma altruista y que, con estas actitudes, ven como se les termina culpando personalmente de no recibir sus asignaciones, quedando como responsables a ojos de sus socios y socias
Pedimos a Francisco Javier Esquembre que recapacite, haga autocrítica, trabaje mejor por la ciudadanía y entienda que atenerse a la ley no quiere decir ponerla como excusa para tapar la falta de trabajo eficaz. De lo contrario, si quiere buscar al enemigo culpable de las desdichas de nuestra ciudad no tendrá que ir muy lejos, pues le bastará con mirarse al espejo.
