El Plan Edificant del colegio Príncipe Don Juan Manuel estuvo bien concedido
La Justicia anula la suspensión que impuso el PP nada más asumir el poder en la Generalitat Valenciana
Villena podrá recuperar las actuaciones del Plan Edificant que la Generalitat Valenciana dejó sin efecto al inicio de la actual legislatura. Así se desprende de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha dado la razón a varios ayuntamientos que recurrieron la decisión del Consell de retirar proyectos ya concedidos dentro del programa de construcción y mejora de centros educativos impulsado durante la etapa del Botànic.
La sentencia supone un importante respaldo para los municipios afectados y, en el caso de Villena, viene a dar la razón al equipo de gobierno, que siempre ha defendido la legalidad de la inversión consignada por el gobierno del Botánic. La ciudad figuraba entre los 15 municipios incluidos en el procedimiento, junto a Petrer y otras localidades de las provincias de Valencia y Castellón.
Según ha señalado Compromís en un comunicado difundido este martes, el fallo judicial declara ilegales las retiradas de estas actuaciones, lo que permitirá a los ayuntamientos que recurrieron recuperar la financiación comprometida para ejecutar las obras previstas en sus centros educativos.
Compromís acusa al Consell de paralizar obras necesarias
El portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, ha afirmado que la resolución “demuestra que el PP mentía para recortar obras con cualquier pretexto”. Fullana ha responsabilizado al actual conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y a la secretaria autonómica de Educación, Carmen Ortí, de haber frenado durante tres años actuaciones en centros educativos que, según la coalición, contaban con informes técnicos que acreditaban su necesidad, como es el caso del colegio Príncipe Don Juan Manuel.
La formación recuerda que el Gobierno valenciano redujo en un 40% la partida destinada al Plan Edificant en los Presupuestos de 2024 y que posteriormente inició el procedimiento para retirar 15 actuaciones valoradas en conjunto en 65 millones de euros.
La Generalitat defendió entonces que esas obras eran “lesivas para la administración autonómica” y que no respondían al interés público, llegando incluso a advertir a los ayuntamientos de que acudiría a los tribunales si no renunciaban voluntariamente a los proyectos.
