El PP acusa al alcalde de evitar que los técnicos municipales se pronuncien sobre la legalidad de la gestión de Los Verdes
El pasado 1 de octubre, tras la comparecencia ante el Pleno de la concejal de Fiestas, Conchi Beltrán, para informar sobre el procedimiento de contratación de los servicios necesarios para los pasados Moros y Cristianos, y dada la falta de respuestas de la edil, PP y PSOE reclamaron al alcalde que pidiera al Secretario municipal un informe sobre la legalidad del proceso.
Dicha petición, recordaba Miguel Ángel Salguero, fue necesaria dado que Beltrán no respondió a una sola pregunta sobre el importe de esas contrataciones o el procedimiento seguido para realizarlas. No obstante, y un mes después, el Secretario ha confirmado al PP que el alcalde no le ha dado ninguna instrucción para que elabore ese informe.
Por ese motivo, los populares van a recurrir a una iniciativa inédita en Villena, que es pedir por escrito, con la firma de 1/3 del Pleno (sus 7 concejales son exactamente un tercio), dicho informe directamente al Secretario, puenteando así al alcalde, explicaba Miguel Ángel Salguero. Las facturas de las contrataciones de Fiestas están empezando a llegar al ayuntamiento, y algunas de ellas por encima del importe previsto en la licitación, decía el edil popular, por lo que ese informe es absolutamente necesario, apuntaba.
Además, recordaba que este no es un caso aislado en lo que a poner trabas al trabajo de la oposición se refiere. Así, Salguero señalaba que un año después sigue sin resolverse el recurso de reposición que el PP presentó contra la municipalización del servicio de limpieza, así como que el silencio administrativo del alcalde, tras no responder a otro recurso, nos llevó a denunciar en los tribunales una contratación, dándonos el juzgado la razón en aquella famosa sentencia en la que indicó a Los Verdes que no se puede gobernar el ayuntamiento como si fuera su cortijo y les acusó de ejercer un velado desprecio a la oposición, algo, concluía Salguero, que hacen con el dinero de todos los ciudadanos, porque el PP afrontó la demanda con el patrimonio de sus ediles, pero los servicios jurídicos del ayuntamiento los pagamos entre todos.
