El PP, en contra de la oficina “que recogerá quejas contra funcionarios o empresas privadas que no atiendan en valenciano”

El Partido Popular de Villena presentará al Pleno Municipal una moción contraria a la Oficina de Derechos Lingüísticos que el Consell ha puesto en marcha para velar por el uso del valenciano, por considerarla “un nuevo agravio a los municipios castellano-parlantes” que se suma al decreto de plurilingüismo que tanta polémica está levantando.
Según explicaba la edil popular Ana Más, se trata de una oficina “para que cualquier ciudadano que se sienta ofendido porque no se le ha atendido en un establecimiento público o privado en su idioma, pueda presentar una queja”. “Y podemos entender que si un vecino se dirige a un funcionario público en valenciano en nuestra ciudad y éste le responde en castellano, se pueda sentir ofendido y tramite una queja para que se estudie el caso y le puedan abrir un expediente”, añadía.

Pero creen que esta oficina “va contra la normalidad con la que hemos convivido en esta comunidad con las dos lenguas, porque obvia expresar que castellano y valenciano son lenguas cooficiales y, por tanto, ambas tienen que tener garantía de protección”. Es decir, que consideran que también aquel ciudadano que hable en castellano y se le responda en valenciano "debe tener derecho a quejarse, pero eso no lo recoge el decreto por el que se rige este nuevo servicio”, denunciaba Ana Más.

Asimismo se oponen a que esta oficina –que ya se ha abierto en Valencia y ante la que se puede reclamar también vía internet– se use para tramitar denuncias y aplicar correctivos contra comercios y establecimientos privados simplemente porque no empleen el valenciano, “pues además se les olvida que existe el derecho de admisión en las empresas privadas” y, por tanto "choca contra el ordenamiento jurídico”, según la edil del PP.

Más también incidía en que en 2016, antes de abrirse esta oficina, solo se presentaron 82 reclamaciones, en materia lingüística, ante organismos de la Generalitat en toda la Comunidad Valenciana. “Nos parece una cifra nada alarmante, que no hace necesaria habilitar esta oficina que creará polémica y generará enfrentamiento entre ciudadanos, al tiempo que supondrá un agravio comparativo para los castellano-parlantes”, concluía.