El PP pide a Pleno el rechazo de Villena al decreto lingüístico del Consell que prioriza la enseñanza en valenciano

El pasado 6 de febrero se publicó en el DOGV decreto 9/2017 del Consell por el que se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana. El decreto está ideado para que quién desee estudiar en castellano quede con el mínimo de horas en inglés, y quién opte por el valenciano sea premiado con la máxima acreditación en la referida lengua extranjera.
El Decreto establece que una vez finalizado el periodo formativo se certificará el nivel de competencia de los alumnos, de forma que los que terminen el Bachillerato con un nivel Avanzado, es decir, inglés y valenciano, obtendrán la acreditación del B1 de inglés y el C1 en valenciano, a diferencia de los que hayan escogido el nivel básico o castellano, que quedarán sin ninguna acreditación.

Según la portavoz del PP, Ana Mas, en la Comunidad Valenciana “se ha demostrado a lo largo de la historia que es posible la convivencia entre las dos lenguas oficiales, valenciano y castellano, siendo este un factor enriquecedor para la sociedad. El escenario propuesto constituye, por el contrario, la utilización del inglés para lograr objetivos de imposición lingüística del valenciano allá donde hasta ahora la libertad ha hecho que se hable en castellano o en ambas lenguas”.

Por ello, y considerando este decreto “una imposición de Compromís, los socios de nuestros queridos Verdes”, el Partido Popular pide que el ayuntamiento de Villena muestre su rechazo a este decreto, que “va en contra de la igualdad de oportunidades y afectará mucho a los estudiantes de nuestra ciudad”, reclamando que “se vele por los derechos lingüísticos de los alumnos que libremente elijan castellano como lengua vehicular”, que “en ningún caso se utilice el idioma extranjero para premiar la elección de una u otra lengua cooficial”, que se garantice la “efectiva libertad de los padres en la elección de la educación que quieren para sus hijos, de acuerdo con los principios constitucionales” y que “no se establezcan imposiciones lingüísticas a padres, alumnado, funcionariado y cualquier entidad pública o privada en su relación con la administración educativa”.