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El PP presenta un recurso de reposición contra la gestión directa de la recogida de basuras

El Grupo Municipal del Partido Popular ha registrado el recurso de reposición que ya anunció en el pleno del mes de septiembre contra el acuerdo –aprobado únicamente por el equipo de gobierno de Los Verdes–para que el Ayuntamiento de Villena asumiera la gestión directa del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria. Asimismo ha advertido de las posibles consecuencias negativas para el consistorio por haber prorrogado el servicio con Grupo Generala durante 3 meses con un acuerdo verbal, al ser esto ilegal.
Como recordaba hoy la concejala popular Ana Mas, el PP recurre esta decisión plenaria “porque queremos que se cumpla la sentencia que en su día ordenó que se declarase nulo el proceso de adjudicación del servicio y redactar nuevos pliegos para que se sacase a licitación”.Según ellos, que el equipo de gobierno no haya dado cumplimiento al fallo judicial, “ha ocasionado una lesividad” tanto a la empresa que demandó al ayuntamiento por aquella adjudicación, como a las futuras empresas que quisieran presentarse al concurso.

La edil del PP acusaba a Los Verdes de “haber eternizado el cumplimiento de la sentencia”, al pedir mediante un acuerdo verbal a la concesionaria que había (Generala) que continuase prestando el servicio durante 3 meses (el pasado verano). Por eso en su recurso recuerdan que en la administración pública los acuerdos verbales no tienen validez y “son ilegales”. “Así que no sabemos qué consecuencias puede tener”, decía Mas, apuntando que si al final no se llega a un acuerdo por la liquidación del contrato la empresa “podría demandar al ayuntamiento por intereses de demora”.

El recurso de reposición de los populares recoge hasta 5 alegaciones. Entre otras cosas que el número de trabajadores a absorber por el consistorio que señalaba los informes técnicos no se corresponde con el que finalmente se ha contratado. Asimismo se refleja que, pese a que la técnico de Medio Ambiente estableció unos mínimos de vehículos y maquinaria necesarios para realizar la recogida de residuos y limpieza, no se sabe exactamente cuántos ha cedido la concesionaria al final.

El equipo de gobierno tiene 30 días para resolver estas alegaciones, pero si no admite ninguna de ellas a trámite, «ya solo cabe iniciar un contencioso administrativo», concluía.

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