La justicia europea ha declarado como abusiva la ley de desahucios española. Un varapalo para banqueros y para el Partido Popular, y un poco de luz al final del túnel para miles de españoles, también para algun@s vecin@s de Villena en situación de vulnerabilidad.
La vivienda es un derecho constitucional. Disponer un techo, un hogar, forma parte de los derechos básicos e irrenunciables de todo ser humano, como el acceso al alimento, a la educación, a la salud, etc. Con las actitudes mercantilista y antisociales a ultranza de los bancos, y el paradigma neoliberal del Partido Popular, que en contexto de crisis prioriza y salvaguarda vía legal los dudosos derechos de bancos y empresas sobre las personas, las consecuencias son demoledoras: miles de personas ya desahuciadas, miles de familias en proceso de quedar en la calle con sus hijos o mayores, y un drama colateral que son los suicidios, denominados ya por algunos sociólogos como genocidios financieros. La ley hipotecaria allanó el terreno al boom inmobiliario, la década prodigiosa en que se firmaron nueve millones de hipotecas abusivas. La ley de la alegría y protección para banqueros y especuladores, y de permiso para la persecución desmesurada y penalización de los hipotecados con dificultades. Esto con la connivencia de todos los gobiernos, en particular del PP, subidos en nuestras tierras valencianas al carro de una economía de ladrillazo, megalomanía y pandereta.
El Tribunal de Justicia Europea, a partir de la denuncia de un sencillo ciudadano (M. A. de 53 años, parado con 3 hijos), desautoriza y da un tirón de orejas al gobierno actual del PP, declarando ilegal el procedimiento español de ejecución hipotecaria, por abusivo e ilegal, de acuerdo con lo que establece la Directiva 93/13/CEE. Una legislación que dejaba indefensa a las personas afectadas y que ahora da herramientas a los jueces para la nulidad de los procedimientos. Una sentencia que genera jurisprudencia, por lo tanto de aplicación a otros casos, y que obliga políticamente al gobierno del PP a atender la voz de la calle. No puede sostenerse que una persona sea condenada a pagar una deuda perpetua derivada de un procedimiento ilegal. Esto obliga desde el punto de vista ético a un cambio de legislación. Obliga a atender la ILP en trámite en el congreso, que fue respaldada por 1.4 millones de personas y que solicitaba la dación en pago retroactiva, el fomento de la vivienda y el alquiler social etc. Una sentencia que además de frenar el abuso de unas cláusulas hipotecarias ilegales e inmorales, defiende en el fondo, el derecho de la ciudadanía al acceso a unos mínimos vitales (vivienda), sobre el derecho de los banqueros a mercadear con el sufrimiento social. Pues, tiene bemoles que, mientras muchas familias penden de un hilo, los bancos que les persiguen sean salvados por los gobiernos de turno con dinero de todos, y sus directivos cobren sueldos e indemnizaciones millonarias. Todo con el beneplácito del PP.
No nos gusta la deriva de esta sociedad, capitaneada por los mercados y consentida por el gobierno del PP, que vía recortes, vía reformas laborales que generan cotas de paro impensables, vía desmantelamiento del estado del bienestar, de la sanidad, de la educación y los servicios sociales, estén poniendo en jaque décadas de progreso y democracia en España.
Una victoria de los débiles y de la democracia participativa, que esperemos modifique la insensibilidad del Partido Popular frente a los más vulnerables. ¡Sí se puede!
