El problema del agua: multa por sentencia judicial e importante subida del recibo a la vista
El alcalde, Francisco Javier Esquembre, ha confirmado lo adelantado la semana pasada por el portavoz del PP, José Joaquín Valiente: una sentencia judicial condena al ayuntamiento de Villena a pagar 637.000 euros a la UTE formada por Viarsa, Saico y Aguas de Valencia, anterior concesionaria del servicio de agua potable.
El alcalde calificaba esta decisión como agridulce, pues aunque el ayuntamiento ha sido condenado a pagar finalmente 637.000 euros aunque ha recurrido la sentencia y cree tener argumentos para reducir dicho pago, la empresa reclamaba 2.734.000 euros, es decir, según Esquembre, que la sentencia no ha sido favorable, pero se ha contrarrestado en parte la demanda puesta por la empresa.
Este problema tiene su origen en las dificultades para interpretar el contrato de concesión tras la sentencia que anulaba la adjudicación a Viarsa y la otorgaba a Aqualia, y en las diferencias que han surgido a la hora de liquidar dicho contrato, explicaba el alcalde, que reconocía que el ayuntamiento no ha hecho bien sus deberes y, aunque prefería no usar la palabra culpa, admitía que la sentencia pega a las distintas corporaciones que han gestionado el consistorio: el tripartito de 2003-2007, por realizar una mala licitación que acabó siendo tumbada por el juzgado; al equipo de gobierno del PP (2007-2011) porque, aun sabiendo que por sentencia judicial debía cambiar la concesionaria, no tuvo la celeridad necesaria, ya que hasta 2012 no se hizo el cambio no obstante, reconocía que la sentencia recibió sendas peticiones de aclaración por parte de ambas empresas que retrasaron el proceso; y al tripartito actual, ya que aunque hemos hecho el cambio de concesionaria lo más rápido posible, el juzgado considera que la supervisión del proceso ha sido tardía e insuficiente.
Aunque la resolución del recurso interpuesto por el ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana puede tardar, Esquembre se mostraba esperanzado en bajar el importe final del pago a unos 400.000 euros, pues los asesores del ayuntamiento entienden que hay conceptos por los que no se debe pagar, como el lucro cesante: la concesión era para 12 años y la empresa ha trabajado 7, pero ha sido el juzgado quien ha impuesto el cambio, no el ayuntamiento, por lo que entendemos que no debemos pagar, explicaba Esquembre, que también añadía que la anterior concesionaria hizo en ese periodo obras arreglo de pozos o tramos de alcantarillado, por ejemplo en principio previstas para los 12 años, por lo que aunque se paguen, es algo que ya está realizado y revierte en beneficio de Villena.
Aumento del recibo del agua a la vista
Pero los problemas con el agua no terminan aquí, pues Aqualia, concesionaria del servicio desde 2012, no ha pagado el canon estipulado desde entonces, y además reclama ahora al ayuntamiento un aumento del recibo cifrado entre un 20 y un 40%. Aunque porcentualmente suena muy fuerte, en la práctica un aumento de 20% supondría un incremento del coste de unos 60 céntimos al mes por recibo, y además hay que tener en cuenta que Villena es la ciudad que menos paga por el agua de toda la provincia, añadía Esquembre.
En este caso, el problema radica en que Aqualia comenzó a prestar su servicio, en 2012, con un pliego elaborado en 2004 que, en plena expansión inmobiliaria, preveía un aumento del consumo y de la facturación, cuando lo que ha sucedido es todo lo contrario, explicaba el alcalde. Además, hay que tener en cuenta las subidas del IPC o los costes de la energía durante estos años, que no han sido pequeños. Según el pliego, la empresa debería pagar un canon a Villena, además de realizar diversas obras e inversiones, pero Aqualia entiende que en las circunstancias actuales no hay margen de beneficios para pagar el canon, algo que solo se puede compensar incrementando las tarifas o adaptando el canon y las obras a realizar.
Así, Aqualia se ampara en el ya famoso en Villena equilibrio económico de la concesión para reclamar esa subida de tarifas, mientras que el ayuntamiento sostiene que la empresa debe asumir un riesgo, por lo que se ha abierto, según el alcalde, un impasse de negociación para estudiar el equilibrio y lograr mantener el canon y las obras previstas subiendo lo menos posible las tarifas, ya que por el momento se entiende que siempre es mejor buscar un acuerdo que acabar yendo a juicio, aunque lo cierto es que, hoy por hoy, todo está en discusión, concluía Esquembre.
