El PSOE resta validez al fax de la alcaldesa y defiende que el compromiso del Gobierno por hacer la Comisaría de Policía es oficial

Su portavoz, Carlos Beltrán, ha asegurado que presentaron a pleno la moción para que el consistorio cediera los terrenos al Ministerio para construir la Comisaría de Policía Nacional porque tenían una base con validez jurídica. Por el contrario, según él, el fax en el que se escudó Celia Lledó para negar la cesión de terrenos no tenía firma ni constaba su envió en el Registro de entradas y salidas del ayuntamiento.
Beltrán ha recordado que el diario de sesiones del Congreso de los Diputados tiene validez legal. Así, la afirmación del ex ministro de Interior, José Antonio Alonso, de que se estaban realizando gestiones para crear una Comisaría en Villena, supone un compromiso oficial de que el Gobierno de la Nación quiere dotar a Villena de este servicio; lo mismo ocurre con las palabras del Subsecretario del Ministerio del Interior, Justo Zambrana, que dijo en el Congreso en 2006 que se estaban teniendo conversaciones con el Ayuntamiento de Villena, que había presentado planos de los terrenos en los que ubicar las dependencias policiales.

Para el concejal socialista resulta increíble que la alcaldesa enseñe ahora el fax que mandó el 31 de julio, en el que ni siquiera menciona que el receptor, Joan Mesquida, es el Director General de la Policía. Asimismo, le parecía una excusa que Lledó haya dicho que si la Policía Nacional se instala en Villena, habría que renunciar a la presencia de la Guardia Civil. Según Beltrán, está claro que el PP se ha opuesto ahora a la cesión de terrenos porque ya ha iniciado una campaña para perjudicar al PSOE en las elecciones generales.

Anulación del contrato de agua potable
Respecto a la sentencia que ha anulado la concesión del suministro de agua potable, Beltrán asegura que les sorprendió que la moción la presentara José J. Valiente como portavoz del PP y no como edil de Hacienda: “está responsabilizando a sus antiguos compañeros de lo que hicieron en la adjudicación”. Además ha acusado al Partido Popular de difundir sesgadamente parte del fallo judicial entre los medios de comunicación con el interés de desprestigiar al anterior concejal de Aguas, Jesús Santamaría.

El edil ha declarado que la ciudadanía puede estar tranquila porque esta sentencia no tiene ninguna repercusión económica para las arcas municipales, ya que el ayuntamiento no tiene que pagar nada. El agua se va a seguir suministrando con normalidad y lo único que debe hacer el consistorio es iniciar un nuevo proceso de adjudicación del servicio, dejando fuera a la oferta de la empresa a la que se adjudicó en 2004.

Puestos a pedir responsabilidades políticas de quienes participaron en el proceso, habría que incluir a los ediles del PP que en el pleno votaron a favor –y los que se abstuvieron– en la contratación de la empresa, así como a los técnicos municipales. Beltrán destacaba el visto bueno dado a la licitación por el ex alcalde, Vicente Rodes, ante el informe de la Interventora Municipal que confirmaba que el canon bruto se tradujo al canon líquido a pagar por las empresas. De modo que, tanta responsabilidad tendrían los concejales como los técnicos. No obstante, al tener el respaldo de informes técnicos municipales, “la responsabilidad política y jurídica se diluye”, concluye el concejal.