El Síndic de Greuges saca los colores al ayuntamiento de Villena

El pasado mes de noviembre, el PP denunció ante el Sindic de Greuges (el Defensor del Pueblo valenciano) la negativa del equipo de gobierno a darle acceso al expediente de contratación de servicios (decoración, luz, seguridad, aseos, catering, fuegos artificiales…) para los Moros y Cristianos y la Navidad de 2022 y 2023.

Según el PP, entre dichos gastos existen facturas que “incumplen las reglas de contratación, superan el importe máximo permitido para los contratos menores y son gastos recurrentes concedidos a dedo en lugar de hacer la licitación que marca la ley”. Unas facturas que han necesitado modificaciones de crédito en Pleno, con reparo de los técnicos municipales, para poder pagarse, y todo ello sin que la oposición pudiera hacer su trabajo controlándolas.

El Síndic, explicaba Miguel Ángel Salguero, admitió la demanda y reclamó al ayuntamiento que facilitara la información al PP, pero el alcalde alegó que “el expediente lo tenía la concejalía de Fiestas, no Secretaría”, por lo que no se le podía facilitar, algo que “no tiene sentido, porque ya no hablamos de carpetas o papeles en un cajón, sino una carpeta digital en sede electrónica, en la nube, a la que se puede acceder desde cualquier lado”, decía el edil popular.

El silencio por respuesta

Por ello, los populares volvieron a alegar, lo que motivó una nueva reclamación del Síndic al ayuntamiento, que en esta ocasión ni respondió. Por ello, en una primera resolución el Síndic lamentó que se estuviera vulnerando el derecho de los concejales del PP a ejercer las labores de su cargo público y se estuvieran poniendo obstáculos a la participación ciudadana en los asuntos públicos, algo fundamental en democracia, instando al ayuntamiento a facilitar al PP en 5 días toda la información solicitada.

En esta ocasión sí respondió el ayuntamiento, facilitando al PP un listado de facturas, “pero no el acceso completo al expediente, y sin ni siquiera saber si esas eran todas las facturas o solo algunas de ellas”, lamentaba Salguero, añadiendo que ante esta falta de transparencia volvieron a remitir el asunto al Síndic, que acaba de emitir su resolución de cierre esta semana, que pueden consultar íntegramente pinchando aquí.

En ella, confirma que “no se ha facilitado toda la información pública solicitada al no haberse acreditado el acceso a los expedientes de cada contrato o servicio”, lamenta que “el ayuntamiento no haya colaborado”, no habiendo “realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones del Síndic”, lo que “impide alcanzar la satisfacción de los derechos reclamados por los promotores de la queja”. Por ello, el Síndic hará pública esta resolución “para que toda la ciudadanía, incluidos los miembros del Parlamento valenciano, puedan conocer la desatención de las actuaciones propuestas por el Síndic”.

Estudiando la vía judicial

Ante esta situación, explicaba Salguero, “dado que hay indicios de contrataciones realizadas sin cumplir la normativa, y puesto que ya existe una administración admitiendo públicamente que no se quiere colaborar ni facilitar información para aclara este asunto, vamos a seguir dando pasos para conocer qué ha pasado”.

Entre esos pasos admitía que se contempla la vía judicial, porque ya apenas quedan opciones por la vía administrativa, aunque eso es algo que todavía deben concretar primero en el seno del grupo municipal popular y el partido.