El Supremo tendrá la última palabra sobre las tres plantas solares de Sierra Salinas
El TSJCV suspende el recurso del Ayuntamiento contra Villasol hasta que se aclare si varias instalaciones fotovoltaicas colindantes deben considerarse un único proyecto
El futuro de las tres plantas solares proyectadas en las inmediaciones de Sierra Salinas que recibieron licencia de obras del ayuntamiento el pasado lunes está pendiente de una decisión del Tribunal Supremo.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado suspender la tramitación del recurso presentado por el Ayuntamiento de Villena contra una de estas instalaciones, la planta Villasol, hasta que el alto tribunal fije criterio sobre una cuestión clave: cuándo varias plantas fotovoltaicas próximas entre sí deben ser consideradas, en realidad, un único proyecto.
Tres plantas y una misma controversia
El Ayuntamiento de Villena concedió esta semana, muy a su pesar, licencia de obras a tres nuevas plantas solares situadas en la zona: Frutasol, de 37 MW; Villasol, de 37 MW; y Atalaya Solar, de 28 MW.
El consistorio se ha opuesto desde el inicio a estos proyectos al entender que no se trata de tres iniciativas independientes, sino de una única actuación de 102 MW dividida en varios expedientes. Según la tesis municipal, esa fragmentación permitiría que cada instalación quedara por debajo del umbral de 50 MW, lo que facilitaría su tramitación ante la administración autonómica.
La diferencia no es menor: los proyectos de mayor potencia están sometidos a una normativa más exigente y, en determinados casos, a autorización estatal, no autonómica.
El Ayuntamiento concedió las licencias, pero mantiene la batalla judicial
Aunque el Ayuntamiento ha venido recurriendo las autorizaciones, sus recursos administrativos fueron desestimados y la tramitación siguió adelante. Por ese motivo, el consistorio se vio finalmente obligado a conceder las licencias de obra, ya que no hacerlo, una vez cumplidos los trámites administrativos, podía derivar en responsabilidades legales.
Sin embargo, la concesión de las licencias no supone que el Ayuntamiento haya renunciado a su oposición. Agotada la vía administrativa, Villena acudió a la vía judicial con un recurso ante el TSJCV, cuya tramitación queda ahora suspendida a la espera de que el Supremo resuelva una cuestión que puede ser determinante para este caso y para otros muchos proyectos fotovoltaicos en España.
La clave: si existe una “unidad sustancial”
El TSJCV aprecia una “identidad jurídica sustancial” entre el caso de Villena y otro asunto admitido a trámite por el Tribunal Supremo el pasado 11 de febrero de 2026, referido a tres plantas solares en Andalucía.
En ese procedimiento, el Supremo deberá establecer qué requisitos deben cumplir varias instalaciones fotovoltaicas promovidas por la misma empresa, colindantes entre sí y con infraestructuras compartidas para ser consideradas un único proyecto a efectos de calcular la potencia total y determinar qué administración es competente para autorizarlo.
La resolución del TSJCV recoge que uno de los argumentos centrales del Ayuntamiento de Villena es precisamente que las tres plantas solares proyectadas en Sierra Salinas “suponen una unidad sustancial”. Entre los elementos defendidos por el consistorio figuran la unidad física y funcional de las instalaciones, la relación jurídica entre las empresas promotoras y los posibles incumplimientos derivados del fraccionamiento de los proyectos.
La suspensión acordada por el TSJCV no implica, por sí sola, la paralización automática de las obras ni anula las licencias municipales concedidas esta semana. Lo que hace es dejar en pausa el procedimiento judicial hasta que la Sala Tercera del Tribunal Supremo dicte doctrina.
Aun así, la decisión mantiene vivo el debate de fondo: si las autorizaciones concedidas por la Generalitat fueron correctas o si las plantas debieron analizarse conjuntamente como un único proyecto de mayor potencia.
Una resolución determinante para Sierra Salinas
El pronunciamiento futuro del Supremo será decisivo. Si el alto tribunal avala que proyectos de estas características deben estudiarse de forma conjunta cuando comparten promotor, ubicación e infraestructuras, la tesis defendida por el Ayuntamiento de Villena saldría reforzada y podría derivar en la paralización de los proyectos.
Por el contrario, si el Supremo permite tratarlos como instalaciones independientes, las autorizaciones autonómicas quedarían respaldadas y las plantas solares podrían seguir su curso.
Mientras tanto, queda por ver si la empresa promotora decide iniciar las obras con las licencias ya concedidas. De hacerlo, asumiría un riesgo importante: si finalmente el Supremo da la razón a los ayuntamientos que han recurrido este tipo de prácticas, podría enfrentarse a sanciones y a la obligación de restaurar los daños causados en el medio natural.
Como se suele decir: “la cagada ya esta hecha”.
Los recursos del PSOE-VERDES ¿son contra el Villena Psoe? ¿son contra los Verdes de Europa-Villena? ¿son contra el Partido Popular de Villena? ¿Cuál de estas siglas tiene la culpa de haber destrozado nuestra tierra, nuestra Villena? ¿Cuál es el porcentaje de culpabilidad de los políticos que nos gobiernan?
De todos:
– Gobierno central (junio de 2018 nace originalmente el Ministerio para la Transición Ecológica bajo la presidencia de Pedro Sánchez- PSOE)
– Consejerías de la Generalidad Valenciana (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem desde el año 2015 hasta el año 2023 y PP desde julio de 2023 hasta hoy)
– Ayuntamiento de Villena (Legislatura 2015 – 2019: Los Verdes de Europa / Legislatura 2019 – 2023: Coalición PSOE y Los Verdes / Legislatura 2023 – Actualidad: Coalición PSOE y Los Verdes).
¿Por qué nuestro Ayuntamiento de Villena no modificó el Plan General de Ordenación Urbana antes de que se aprobaran las licencias en Valencia y Madrid?
¿De verdad los recursos del Ayuntamiento (PSOE-Verdes) sirven de algo ahora o son solo para salvar la cara?
Si buscamos culpables por no haber protegido el territorio, el porcentaje real está muy claro:
– 50% Ayuntamiento de Villena (PSOE-Verdes): Mucho presumir de que ahora ponen recursos de cara a la galería, pero la realidad es que se quedaron de brazos cruzados durante los años cruciales. Su obligación real era modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para blindar el suelo rústico frente al boom de las renovables. Llegaron tardísimo, cuando casi el 9% de nuestro término ya estaba sentenciado. Ahora dicen que «están obligados por ley» a dar las licencias de obras mientras firman recursos con la otra mano; ocultan que no hicieron los deberes de prevención a tiempo.
– 35% Generalitat Valenciana: Los gobiernos del Botànic (PSPV, Compromís y Podem) diseñaron los decretos que pusieron la alfombra roja a las multinacionales aprobando declaraciones ambientales masivas. El actual gobierno del PP se limita ahora a ejecutar la herencia burocrática de esos expedientes.
– 15% Gobierno Central (PSOE): El Ministerio de Transición Ecológica impuso plazos asfixiantes que colapsaron a los técnicos, priorizando el negocio de las eléctricas sobre el sector agrícola del Alto Vinalopó.
Nos tratan como a tontos. Nos venden la moto de que todo venía impuesto desde fuera, pero el escudo local para defendernos se quedó guardado en un cajón. Menos recursos inútiles a posteriori y más asumir que no hicieron su trabajo cuando tocaba.
¿Alguna respuesta coherente de nuestros representantes?