La precipitada gestión del PP para no perder el apoyo de los regantes en la provincia de Alicante va camino de descarrilar. De los 15 hectómetros cúbicos de trasvase entre el Júcar y el Vinalopó aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de junio para paliar la situación de sequía, tan solo se ha utilizado una tercera parte (5,5 hectómetros), según fuentes de la Generalitat. El estado actual de las obras del trasvase solo permite aprovechar entre cinco y diez hectómetros cúbicos anuales, lejos del máximo de 30 hectómetros que se podrán trasvasar una vez estén ejecutadas todas las obras.
Las filtraciones existentes en el embalse de San Diego en Villena; la inexistencia de conducciones necesarias (o el retraso en su construcción) para llevar el agua a los campos y la cesión irregular de infraestructuras básicas a comunidades de regantes han hecho que el trasvase Júcar-Vinalopó quede atascado.
El último revés a la gestión del anterior del Consell del PP es un informe de la Abogacía de la Generalitat que señala que la cesión del embalse de Toscar, una pieza clave del trasvase Júcar-Vinalopó, a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó se realizó de manera irregular porque se trata de una obra hidráulica de interés general y no puede ser cedida. La cesión del embalse ubicado en el término de Monóvar a la citada asociación de regantes se realizó en abril de 2015, apenas un mes antes de las elecciones autonómicas. La cesión fue recurrida por otra asociación, la Comunidad de Usuarios del Medio Vinalopó, que había cedido los terrenos para las obras y confiaba en lograr la titularidad del embalse de Toscar.
Embalse mal cedido
Los informes jurídicos que obran en poder del Consell señalan que el embalse, a diferencia de otras infraestructuras como las balsas de riego que si se pueden ceden a los usuarios como una subvención para la mejora del regadío no pueden ser cedidas porque forman parte del sistema de trasvase del Júcar-Vinalopó que necesariamente ha de tener una gestión unitaria.
El carácter público de las infraestructuras hidráulicas afecta también a la conducción general de la margen derecha del río Vinalopó y a las obras del postrasvase que también fueron cedidas a las organizaciones de regantes y que, según la Abogacía de la Generalitat, deberían volver a estar bajo dominio público.
El trasvase Júcar-Vinalopó arrancó hace más de una década para paliar la sobreexplotación de los acuíferos de la comarca del Vinalopó. La conducción entre el Azud de la Marquesa, en la desembocadura del Júcar en Cullera, y el embalse de San Diego en Villena está terminada. Sin embargo, el embalse receptor no está en las condiciones adecuadas. Las fugas y filtraciones del embalse de San Diego impiden aprovechar toda el agua trasvasada del Júcar y las reparaciones de la obra que se estiman en 35 millones de euros costarían casi tanto como su construcción, en la que se invirtieron 40 millones de euros.
El diferente ritmo de las obras postrasvase es importante porque afecta al precio del agua que pagan los regantes alicantinos y mantiene enfrentados a los usuarios del Júcar y del Vinalopó. Los del Vinalopó quieren que la toma del agua se realice en la cabecera del río en el embalse de Cortes de Pallàs y los del Júcar se niegan a las cesiones de un cauce demasiado explotado y asfixiado por la sequía. Tanto, que el pasado 29 de diciembre, el Gobierno autorizó la ejecución de nuevos pozos en la cola del embalse de Forata para combatir los efectos de la sequía en la cuenca del Júcar.
Y la guerra del agua puede volver a reabrirse de nuevo en varios frentes si se mantiene la situación de sequía por la falta de lluvias y las altas temperaturas.
Autor: Joaquín Ferrandis
Fuente: El País
