¿En qué manos estamos?

¿En qué manos estamos? La reciente sentencia que condena al Ayuntamiento de Villena al pago de una indemnización de 22.000 euros a un ciudadano constituye un ejemplo claro y grave de funcionamiento anormal de la administración pública, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva.

No se trata de un error puntual ni de una simple disfunción administrativa, sino de una actuación negligente prolongada en el tiempo que ha vulnerado derechos del ciudadano y que ha obligado, una vez más, a la intervención de los tribunales.

Resulta especialmente grave que el expediente administrativo permaneciera completamente paralizado durante 23 meses, sin que el Ayuntamiento realizara actuación alguna, cuando el plazo legal máximo para resolver es de dos meses. Este incumplimiento flagrante del deber legal de resolver no puede calificarse como una mera demora, sino como una clara vulneración de los principios de eficacia, diligencia, buena administración y servicio al interés general que deben regir toda actuación pública.

Esta inactividad administrativa injustificada ha provocado un daño económico efectivo, evaluable e individualizado, lo que ha derivado, como reconoce la sentencia, en la correspondiente responsabilidad patrimonial de la administración. El ciudadano no solo ha sufrido indefensión, sino que ha tenido que asumir los costes y el tiempo de un proceso judicial para ver reconocidos unos derechos que el propio Ayuntamiento estaba obligado a garantizar.

Pero junto a la responsabilidad jurídica de la institución existe una responsabilidad política directa e ineludible. La falta de impulso, supervisión y control político revela una negligencia grave por parte de los responsables municipales. Desde la Alcaldía hasta la concejalía de Urbanismo existe una cadena de responsabilidades que no puede seguir eludiéndose. Tras casi 16 años de gobierno, ya no caben excusas técnicas ni administrativas: lo que existe es una gestión estructuralmente deficiente.

En el área de Urbanismo, este caso se suma a una larga lista de decisiones erróneas, paralización de expedientes, pérdida de subvenciones y obras públicas mal planificadas que deben levantarse y rehacerse, evidenciando un reiterado uso ineficiente de los fondos públicos. Esta condena de 22.000 euros se añade, además, a otra anterior de 14.000 euros por un caso similar, confirmando una preocupante reincidencia en el incumplimiento de la legalidad.

Ante esta situación de incapacidad y negligencia continuada, el Ayuntamiento reacciona siempre del mismo modo: cuando las sentencias, denuncias o noticias salen a la luz, se intenta acallar el malestar ciudadano anunciando supuestas medidas de choque, como la ampliación de la plantilla técnica para agilizar licencias que llevan años bloqueadas. Resulta cuanto menos llamativo que, después de casi 16 años de parálisis administrativa, ahora se presenten estas medidas como solución milagrosa. Esta forma de actuar responde a una política de efectos comunicativos destinada a desviar la atención del problema real, que no es otro que la mala gestión de quienes gobiernan. Es la filosofía del PSOE y la política de los anuncios grandilocuentes: aparentar soluciones sin asumir responsabilidades.

Desde una perspectiva jurídica, política y ética, esta reiteración de errores exige la asunción inmediata de responsabilidades políticas. La responsabilidad patrimonial de la administración no puede convertirse en un escudo para proteger a quienes permiten que la inacción y la negligencia sea ya algo crónico. El concejal de Urbanismo ha demostrado sobradamente no estar capacitado para el cargo que ocupa. Los ciudadanos solo entenderíamos una salida digna: que abandone la prepotencia, asuma su responsabilidad y presente su dimisión. De no hacerlo, el alcalde debería cesarlo de manera inmediata.

No es admisible que las consecuencias económicas de este funcionamiento anormal de la administración recaigan, una vez más, sobre el conjunto de los villeneros. No deberíamos seguir pagando indemnizaciones derivadas de una mala gestión reiterada, evitable y perfectamente identificable.

Quiero felicitar al ciudadano afectado por su determinación al acudir a la justicia. Su caso no solo repara una injusticia individual, sino que sienta un precedente claro y abre la puerta a que otros ciudadanos y empresas, perjudicados por la lentitud administrativa y el incumplimiento sistemático de los plazos legales, puedan reclamar con éxito los daños económicos sufridos cuando la administración incumple sus obligaciones.

Por: A. Céspedes.