Las nuevas medidas prevén una tasa del 0,2% por la compra de acciones españolas que ejecuten los operadores del sector financiero.
Hace escasamente un mes, el Consejo de Ministros aprobaba los anteproyectos sobre nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transacciones financieras. Son los conocidos como tasa Google y tasa Tobin, dos tributos polémicos cuyas reacciones no han hecho más que comenzar. El nuevo impuesto a las transacciones financieras, señalan los expertos, puede generar una fuga masiva a otros mercados bursátiles donde no se penalice la compra de títulos financieros. Así, un inversor internacional podría escoger índices como el Nasdaq para comprar acciones de una empresa española, evitando de esta manera la comisión del 0,2 por ciento.
El impuesto planteado por el Ejecutivo gravaría las acciones emitidas en España de empresas que cotizan en bolsa con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. Es decir, todas las del Ibex 35. El tributo no gravará las salidas a bolsa ni la compra de acciones a Pymes (pequeña y mediana empresa) o empresas no cotizadas. Según destacaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la medida tiene como objetivo recaudar unos ingresos por valor de 850 millones de euros cuyo destino será financiar el Sistema Público de Pensiones.
La polémica tasa Tobin que prevé el gobierno suscita controvertidas discusiones entre los expertos en economía, pero tampoco se queda atrás el impuesto a los servicios digitales o tasa Google, como es popularmente conocida. El Impuesto sobre Servicios Digitales afectará a todas aquellas empresas que ingresen un mínimo de 750 millones de euros y que cuenten con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. Es decir, la nueva tributación gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, los servicios de intermediación en Internet y la venta de Big Data o venta de datos que se generen a partir de la información del propio usuario. Con esa acción, el gobierno prevé recaudar 1.200 millones de euros.
El sector digital reacciona en bloque
El Ejecutivo ha establecido un plazo de consulta pública para posibles alegaciones y las reacciones no se han hecho esperar. La Asociación Nacional para la Digitalización (DigitalES), conocida como patronal de las telecos ha presentado un escrito donde denuncia la arbitrariedad del texto del anteproyecto de ley del nuevo gravamen digital. A su juicio, presenta articulados diferentes de la primera redacción del proyecto de directiva europea.
Además, prosigue DigitalES, el anteproyecto incluye graves lagunas y zonas grises que permitirían una interpretación posterior, al margen de no aclarar qué servicios serán gravados. La patronal además incide en que el anteproyecto no se refiere a mecanismos de corrección alguno, un aspecto esencial para evitar la doble imposición del tributo a empresas asentadas en el país y concluyen señalando que se intenta vestir como impuesto indirecto un impuesto directo.
La organización, además, recuerda que Europa ha decidido posponer hasta 2020 la entrada en vigor de la Directiva para la creación del impuesto a determinados servicios (ISD) para logran un mayor acuerdo, mientras que el Ejecutivo ha cerrado ya el plazo de alegaciones a su Anteproyecto de ley para este impuesto. Por otra parte, añade DigitalES, que el texto del anteproyecto se refiere a algunas actividades sometidas al impuesto de una forma poco concreta. En este sentido, la asociación destaca que el anteproyecto menciona servicios de transmisión directa en vez de transmisión de datos recopilados de los usuarios.
Para la patronal, la diferencia de matiz es notable y supone desconocer que la transmisión de datos es una actividad central del negocio, por ejemplo, de las telecomunicaciones. La organización, además, discrepa de la memoria económica y de una disposición adicional tercera que establece que los umbrales cuantitativos pueden ser modificados por la Ley de los Presupuestos Generales de Estado.
Telefónica y Vodafone, asimismo representados en DigitalEs, también han presentado alegaciones al controvertido anteproyecto, que también ha generado que el embajador de Estados Unidos en España, Duke Buchan, haya reclamado al gobierno que se retire la tasa Google mientras no exista un consenso internacional.
