La pobreza es la peor crisis de derechos humanos del mundo. Los abusos de derechos humanos la causan y perpetúan. La protección de los derechos humanos es una pieza esencial para combatir la pobreza.
Quienes viven en la pobreza no hablan de tener 1 ó 2 euros diarios. Hablan de si sus hijos e hijas pueden ir a la escuela. De si su casa será demolida. Del miedo a la violencia, a que se les trate como a criminales, a que se les excluya de las decisiones. De arrestos arbitrarios, de perder sus medios de vida, de ser marginadas, de no tener acceso a la justicia. Hablan de cómo su vida implica privación, inseguridad, exclusión y falta de voz.
Hay situaciones en las que la relación entre la pobreza y las violaciones de derechos humanos es especialmente sangrante. Es el caso de las 500.000 mujeres que mueren cada año por causa de un embarazo. Muertes, en su mayoría, evitables. El coste de los servicios de salud y el transporte y la falta de acceso a la información, impiden que las mujeres que viven en la pobreza obtengan los cuidados necesarios.
Más de 1.000 millones de personas habitan en barrios marginales. Muchas están expuestas a un riesgo permanente de desalojo forzado. La mayoría quedan excluidas de servicios básicos como agua potable, salud y educación. Están bajo la amenaza constante de la violencia y se les niega el acceso a la justicia.
La vulneración de derechos por parte de Estados y empresas, la ausencia de rendición de cuentas y la represión de la libertad de quienes exigen el cumplimiento de los derechos humanos tienen un efecto devastador en las víctimas.
Todas las personas deben poder exigir en igualdad de condiciones el cumplimiento de sus derechos humanos. Por ello, se deben modificar o derogar todas aquellas leyes que impidan al acceso libre e igualitario a la justicia y que no tengan en cuenta el cumplimiento de los derechos humanos.
En diciembre de 2008, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este instrumento posibilitará que las víctimas de vulneraciones de derechos como la salud o la vivienda puedan solicitar protección y reparación. Desde Amnistía Internacional pedimos que el Gobierno de España sea uno de los primeros Estados en firmarlo y ratificarlo. Es imprescindible que quienes viven en la pobreza puedan exigir todos sus derechos humanos ya.
CONTRA LA POBREZA, ¡EXIGE DIGNIDAD!
Amnistía Internacional
