No son pocas veces las que he escuchado que, más que el contenido textual de una ley, es la interpretación de su espíritu y, en consecuencia, su aplicación efectiva lo que resulta determinante. Toda ley tiene una declaración de intenciones previa al articulado que justifica las motivaciones y las causas de su existencia. E incluso, una norma puede convertirse en la coartada, en la excusa perfecta para su incumplimiento.
España, dice la Constitución, es un Estado Democrático, Social y de Derecho. Democrático porque, a través de la democracia representativa, el pueblo soberano delegada y deposita en los políticos el poder de legislar y gobernar. Social porque durante la Transición se explicitó un término que suponía una concesión a los partidos de izquierda para destacar la función proteccionista de la Administración pública. Y de Derecho porque la separación de poderes refuerza el papel a desempeñar por el Legislativo y el Judicial a la hora de articular, aplicar y salvaguardar un marco legal y de convivencia garantista que evite la arbitrariedad.
Pasado el tiempo, la Constitución ha dejado de ser aquella sacrosanta Norma Fundamental para transformarse en papel mojado, lo que provoca frustraciones y renovadas propuestas de cambio. Además, el Tribunal Constitucional, integrado por magistrados elegidos al caprichoso criterio de las mayorías gobernantes, ya sabemos para qué ha servido últimamente: generar conflictos, no aportar soluciones y judicializar la política.
Así pues, utilizar la Constitución como argumento con el que defender recientes decisiones políticas a nivel local puede tener sus inconvenientes. Si bien ha sido un instrumento útil y eficaz durante muchos años, es incuestionable que necesita una reforma urgente e integral en diversos capítulos. En definitiva, y acudiendo al símil, no deja de ser como la monarquía parlamentaria en la que el rey reina, pero no gobierna. Por tanto, son otras muchas leyes las que, en sus diferentes ámbitos competenciales, se encargan de desarrollar y regular específicamente lo escrito en la Carta Magna. De otro modo, serviría de muy poco. Quizá solo como una manifestación desiderativa, una simple carta a los Reyes Magos, cuando se refiere a la vivienda digna, al empleo para todos o a la libertad de expresión.
El ordenamiento jurídico atiende a una serie de deberes, derechos y garantías que implica que todas las personas, y por supuesto las instituciones, estamos obligadas a cumplir los mandatos de la ley. Con más motivo, los estamentos públicos deberán interpretar y aplicar las normas sin incurrir en discriminaciones.
Las leyes deben responder a una realidad social que, muchas veces, va por delante de las normas. Por eso, incluir expresamente la figura del Regidor en las bases de elección del representante municipal de las fiestas de Moros y Cristianos de Villena puede ser algo justo. Pero me temo que innecesario. Precipitarse no significa esta vez anticiparse. Una decisión bienintencionada para evitar posibles vulneraciones de derechos en el futuro solo está contribuyendo, sin embargo, a propiciar en este momento una polémica cargada de demagogia. Es entonces cuando las normas fracasan socialmente porque se consideran impuestas y no son aceptadas por la ciudadanía.
Pretender equiparar este asunto con el de la iniciativa de la Junta Central de Fiestas para facilitar que las mujeres puedan ser Capitanes y Alféreces de sus comparsas, es un error que demuestra un evidente y escaso conocimiento del mundo festero. El cargo que podría compararse a la Regidora sería el de Madrina, que se mantiene tal cual. El número de socias femeninas en algunas comparsas supera ya al de los varones. Por tanto, la modificación reglamentaria que afecta solo a Capitanes y Alféreces es una consecuencia normal y lógica derivada de una solicitud de las propias entidades festeras.
Por último, aunque en las bases se recoja la posibilidad de que un hombre pueda ser Regidor de las fiestas, la elección depende, según la edil de Igualdad, de un jurado donde los Verdes no tienen mayoría. Usar ese argumento como justificación parece una excusa, una trampa o un intento por responsabilizar de una especie de fraude de ley a la oposición, la Junta Central de Fiestas y la Junta de la Virgen. Sin duda, ganas de complicar las cosas. Todo es mucho más sencillo. Basta con saber cuántos hombres quieren ser regidores de fiestas.
