Hace unos días un acontecimiento sorprendió a los viandantes por una de las calles céntricas de Villena. Miembros de paisano de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ante la sorpresa y la incredulidad general, pararon sus vehículos, cruzados sobre la calzada e impidiendo el tránsito al tráfico de la mañana, aislando un espacio en la calle, procedieron a identificar y detener a un conocido vecino de nuestra ciudad. Más tarde supimos que otros dos hombres, cuyos nombres, cuando los conocimos, sonaban ampliamente en los oídos públicos de esta comunidad, eran detenidos relacionados por el mismo asunto: la presunta pertenencia a una estructura organizada de empresas que podría dedicarse al traslado y almacenaje de sustancias estupefacientes prohibidas, para su posterior comercialización ilegal. Es decir, una organización de tráfico ilegal de drogas.
Pero no es acerca del suceso mismo sobre lo que pretendía reflexionar, sino sobre las consecuencias hacia las personas de la manera de comunicar un incidente. Porque no dejó de llamarme la atención la gran polvareda que levantó más que el hecho en sí sobre el que se produjo la actuación policial la publicación o no de los datos personales de los detenidos. Que un medio provincial publicara la noticia con foto incluida de uno de los afectados y sus datos personales en el cuerpo del texto, noticia que fue rebotada en su revista de prensa en la edición digital de un periódico local, hizo que los foros de éste último ardieran con comentarios de amistades y conocidos de quienes hoy siguen durmiendo en prisión, así como los comentarios en redes sociales, especialmente Facebook, que fue lo que yo leí. Argumentos como la presunción de inocencia, respeto a la imagen, protección de la familia, especialmente los menores, etc. Algo que resulta difícil, además de sorprendente, en una sociedad tan anclada a la información como la nuestra. Y llamativo a fuerza de contradictorio: ¿en cuántas ocasiones opinamos sobre conductas de los demás sin conocer a fondo todas las circunstancias?, ¿cuántas veces juzgamos y casi sentenciamos a culpabilidad cuando llegan a nuestros oídos y a nuestros ojos comportamientos que catalogamos de delictivos, sin aplicar el presunto, y más todavía cuando los implicados son personajes conocidos por todos, y aún más si éstos se dedican a actividades públicas, farándula o política, y coincide que no son de nuestro previo agrado? Entonces no nos acordamos del medio de comunicación que nos ha transmitido la noticia, sólo aprehendemos lo dicho o escrito y lo hacemos nuestro y, además, pedimos y queremos conocer los rostros del mal.
Por eso he digerido mal los dardos que se han dirigido a quien sólo se ha hecho eco de lo publicado en otro medio. Pero aunque fuera el original, tampoco lo entendería. Podemos discutir sobre la conveniencia de adelantar juicios con noticias y de hasta dónde se puede llegar en la comunicación social de un hecho presuntamente delictivo, especialmente de víctimas y victimarios. Podríamos llegar a un contrato social sobre cómo debemos comportarnos, pero hagámoslo siempre y para toda circunstancia, sean quienes sean los afectados. De otro modo, estaremos cayendo en la hipocresía en versión más pura. Como decía un comentario, entre varios que encontré cuando apareció la noticia en Facebook, el único que me pareció más sensato: se reacciona con virulencia contra la publicación de nombres y fotografía porque son amigos y de aparente buena familia, pero ¿qué hubieran dichos los mismos en caso de que pertenecieran a una etnia concreta y vivieran en un barrio de Villena que todos podemos tener en mente?
