Juan Richart podría haber utilizado su cargo en beneficio propio

Según ha podido saber El Periódico de Villena, el pasado 8 de febrero pasó por Junta de Gobierno el expediente de infracción urbanística, y el consiguiente expediente sancionador, sobre unas obras de ampliación sin licencia en un terreno no urbanizable donde únicamente se puede construir un almacén vinculado a actividad agrícola, ganadera o forestal. La construcción es una casa de campo. Y la propietaria, desde 2005, la esposa de Juan Richart.
Elaborado el informe de inspección en febrero de 2007, tres meses antes de las elecciones, en marzo se le envió a la propietaria un requerimiento de legalización en un plazo de dos meses. No obstante, el envío fue al anterior propietario, que en agosto de 2007 presenta una instancia en el ayuntamiento poniendo de manifiesto que él vendió la finca en 2005. De este modo, se pudo ganar tiempo con vistas a una presunta prescripción de la infracción.

Mientras tanto, un informe técnico del ayuntamiento con fecha 12 de junio de 2007 (el PP ya gobernaba) resultaba desfavorable y decía que la obra no era legalizable, al tratarse de una parcela de 10.000 metros que había sido segregada en tres parcelas independientes, por lo que en julio se presenta una propuesta de Orden de Demolición.

Conflicto de intereses
El 4 de diciembre de 2007, la mujer de Juan Richart asegura tener intención de legalizar la situación y pide tiempo para legalizar el proyecto, concediéndosele un plazo de tres meses para ello, pero dicha concesión tiene fecha 30 de mayo de 2008. Es decir, ya se han ganado seis meses por el camino, presuntamente de cara a una posible prescripción de la infracción. La persona que autoriza esa ampliación es el concejal de Obras, Juan Richart, esposo de la afectada, que como edil infringe presuntamente la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, la cual establece la obligación de abstención en casos de interés personal o parentesco.

No obstante, el tiempo sigue pasando, y en junio de 2009 se recibe un informe de Conselleria, tras conocer “in situ” la construcción, donde se comprueba que la edificación es de tipo residencial y cuenta con una piscina, con lo que difícilmente puede pasar como almacén agrícola. Aún así, la esposa de Richart vuelve a solicitar la paralización del expediente, alegando que no está de acuerdo con lo que dice Conselleria y asegurando que en breve presentará el proyecto de legalización, aunque es ahora, hace apenas una semana, cuando se presenta el proyecto, solicitando su reenvío a Conselleria para que vuelva a informar sobre el particular.

¿A la Físcalía?
A la vista de los hechos, la Junta de Gobierno, entendiendo que no se puede ser juez y parte en un caso como éste –era el propio Juan Richart, concejal de Obras, el encargado de gestionar estas infracciones urbanísticas e imponer las sanciones a cumplir– y ante la sospecha de que el ahora edil No Adscrito puede haber presuntamente intentado que la infracción prescribiera –no olvidemos que Richart y su esposa se enfrentan a una sanción de hasta 15.000 euros y la demolición de la obra ilegal–, ha encargado un informe jurídico para saber cómo actuar, puesto que ante la sospecha de la existencia de un presunto delito tiene la obligación de denunciar el mismo para no incurrir en responsabilidad alguna, y en este caso se enfrenta a dos presuntas ilegalidades: el presunto incumplimiento del deber de abstención y una conducta presuntamente irregular tendente a conseguir la prescripción de la infracción. Por todo ello, es más que probable que se dé traslado a la Fiscalía de este expediente para que actúe en consecuencia.