Juan Richart podría recibir una sanción de entre 5.000 y 10.000 euros por su “infracción urbanística”

El ayuntamiento de Villena ha resuelto iniciar el expediente sancionador contra las obras de ampliación realizadas por el ahora concejal No Adscrito Juan Richart y su esposa en su casa de campo. A la vista de los antecedentes, careciendo de licencia municipal y existiendo “indicios racionales” de haberse cometido una “infracción urbanística”, el expediente podría conllevar una sanción de entre 5.000 y 10.000 euros.
El expediente señala como promotora de las obras a la esposa de Juan Richart, resume las obras acometidas –ampliación de una vivienda ya existente con una superficie de 33,40 metros cuadrados y construcción de ampliación de vivienda para uso de almacén de 24 metros cuadrados–, cuantifica su coste en unos 20.700 euros y concluye que dichas obras “no resultan legalizables”, por lo que los hechos pueden ser constitutivos de una “infracción urbanística grave” de las contempladas en el artículo 233.2 de la Ley Urbanística Valenciana, sancionable con un importe que va a del 25 al 50% de la obra acometida. Es decir, en el caso de la vivienda de Juan Richart la posible sanción iría desde los 5.000 a los 10.000 euros, aproximadamente.

El edil de Urbanismo Industrial, Jesús Martínez, ha sido nombrado instructor del expediente, estando asistido por un técnico urbanístico municipal que hará las veces de secretario. Será Martínez quien deberá ordenar la realización de las actuaciones necesarias para aclarar la investigación y quien elevará a Junta de Gobierno, órgano competente en estos casos, su propuesta de resolución para cerrar el expediente.

Richart: “El expediente está paralizado”
Puestos al habla con Juan Richart, puesto que sobre esta resolución asiste el derecho de los afectados a presentar alegaciones, éste ha reiterado que “tiene su conciencia tranquila”, puesto que el ayuntamiento conoce todo el proceso y “en ningún momento ha dado preferencia el expediente” de su esposa.

Richart indica que sobre el expediente de legalización él “no tenía ningún poder decisorio” y que el expediente de sanción abierto ahora está “paralizado”, porque ha puesto el caso en manos de su abogado y éste ha presentado un contencioso-administrativo contra el ayuntamiento, al considerar que este caso es “una vendetta política de Celia Lledó” hacia su persona. Así, hasta que el juzgado no resuelva el contencioso, el expediente de sanción “quedará paralizado”, según la versión del propio Juan Richart.