La anterior concesionaria del agua reclama al Ayuntamiento 3 millones de euros, pero éste le exige que pague a la ciudad casi 2,7 millones
El Pleno Municipal aprobará esta noche la liquidación con la anterior concesionaria del suministro de agua potable (una UTE entre las que se encontraban empresas villenenses como Viarsa). Ésta pedía al Ayuntamiento, por la rescisión del contrato, unos 3 millones de euros, pero los técnicos municipales han determinado que la empresa debe ingresar en las arcas municipales 2.678.39851 euros.
Según el concejal de Servicios Juan Richart, que será quien presente esta liquidación ante la Corporación Municipal, lo más probable es que tras su aprobación, la anterior adjudicataria iniciará un contencioso contra el Ayuntamiento, porque no se ha logrado un acuerdo antes. Y al final será un juez quien decidirá quién tiene que pagar a quién, decía.
Tanto los ingenieros municipales como los técnicos de Intervención han advertido diversas deficiencias en el cumplimiento del contrato, como obras o cambios que no se han realizado por parte de la empresa adjudicataria durante los 7 años y 7 meses que se ha encargado de este servicio.
Pero este problema con la liquidación en el servicio de agua potable no se limita a la anterior concesionaria, sino que también hay discrepancias con la nueva empresa, Aqualia, a la que una sentencia obligó a adjudicarle el contrato por entender que era la oferta más ventajosa, después de que en 2004 el Ayuntamiento decidiera adjudicarlo a la UTE antes mencionada.
Como ya adelantó hace unas semanas EPDV, Aqualia se niega a abonar al consistorio el canon anual por el uso del agua, que ronda entre 150.000 y 170.000 euros, alegando que sus gastos por la subida de la luz, la contratación de personal, etc. son mucho mayores de lo que preveían en la oferta que presentaron en 2004. En aquella época había una estimación de crecimiento de la ciudad muy superior y por tanto un mayor consumo de agua a la que finalmente ha habido por culpa de la crisis, señalaba Richart.
Según el edil, el equipo de gobierno sabe que aquella oferta era imposible de cumplir en la situación actual y la empresa no iba a poder pagar el canon, aunque sí está dispuesta a pagar el del alcantarillado. No obstante, se han pedido informes a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para determinar si se debe aceptar la petición de la empresa para buscar el equilibrio o, de lo contrario, denegarla. Esto último conllevaría rescindir el contrato con Aqualia y sacar un nuevo concurso para adjudicar el servicio o bien que la empresa presentase un recurso y el tema acabase en los tribunales, concluía.
