La Ayuda a Domicilio, otro quebradero de cabeza para el equipo de gobierno
A principios de año, el ayuntamiento aprobaba en Pleno los pliegos de cláusulas particulares y de prescripciones técnicas para la adjudicación de la gestión del servicio público de Ayuda a Domicilio, una adjudicación que aprobó el Pleno en mayo tras no admitir a trámite, en el punto anterior, un recurso de reposición contra los pliegos presentado por la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunidad Valenciana (AERTE).
En su recurso de reposición, AERTE denunciaba la posible infracción de los artículos 107.1, 110, 113, 116, 117, de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas, además de una falta de justificación del precio de la licitación, la falta del precio total del contrato y la consecuente imposibilidad de fijación del precio de la fianza del contrato, así como que la oferta ganadora presentaba un precio de licitación (medido en precio / hora) inferior al de mercado una baja temeraria y vulneraba la libre competencia de las empresas y los principios de concurrencia e igualdad.
El ayuntamiento consideró no admitir a trámite el recurso presentado por AERTE, sin entrar a valorar su contenido, por no tratarse los pliegos del contrato y el anuncio de la licitación de actos administrativos susceptibles de recurso de reposición, de conformidad con el artículo 116, de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.
Con este confuso panorama de fondo, llegó el día 15 de junio, momento en que finalizaba el contrato con la empresa que ha gestionado la Ayuda a Domicilio en los últimos años, Clínica Geriátrica El Castillo, que ante el hecho de que la nueva adjudicataria no haya empezado aún a dar el servicio, ha continuado prestándolo hasta ahora, pendientes de que desde la concejalía de Bienestar Social se dé solución a este insólito problema, ya sea obligando a la ganadora de la adjudicación a hacerse cargo del mismo, o bien permitiendo que lo haga la empresa clasificada en segundo lugar en el concurso de adjudicación.
Mientras tanto, los trabajadores del servicio siguen manteniendo la incertidumbre, máxime cuando deben ser trasladados a la nueva concesionaria, una empresa que, al parecer, no dispone de la solidez económica necesaria para afrontar con solvencia la fianza, los costes de la plantilla y la prestación del servicio.
