La concesión del agua acabará antes de lo previsto. El ayuntamiento podría municipalizar el servicio

El alcalde ha informado de la sentencia judicial por la que la actual contrata del servicio de agua potable y alcantarillado, a cargo de la empresa Aqualia, concluirá su vigencia el 5 de agosto de 2016, aunque la concesionaria podría abandonar antes la misma.
Esquembre recordaba que la última concesión del agua ha dado muchos problemas. Adjudicada en 2004, durante el tripartito de Vicenta Tortosa, fue tumbada en 2006 por una sentencia judicial que obligaba a dar la concesión a la segunda empresa en concurso, pero se retrasó durante años el cambio de empresa, hasta el pasado 2012. Entonces se consideró que la nueva empresa tenía derecho a disfrutar de la concesión durante todo el periodo fijado en el pliego, pero una sentencia sobre la que ya no cabe recurso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha señalado que el tiempo empezó a contar en 2004, por lo que la concesión finalizará el 5 de agosto de 2016.

Ante tal tesitura se abre un nuevo escenario, ya que según el pliego la empresa debería otorgar al ayuntamiento un canon anual y realizar diversas inversiones durante el periodo de concesión, de 12 años. No obstante, y desde que la nueva concesionaria del servicio se hizo cargo, ésta no ha pagado el canon (150.000 euros anuales), argumentando que la oferta realizada en 2004 no era viable con la situación económica que encontró en 2012, por lo que tenía abiertas negociaciones con el ayuntamiento para intentar llegar a un acuerdo, que pasaba por aumentar el recibo del agua para compensar esa diferencia o bien reducir el número de inversiones previstas, que en principio ascenderían a un millón de euros.

Ante la imposibilidad de prorrogar la concesión y el “lucro cesante” que se le presenta a la empresa, admitía el alcalde, esas negociaciones han quedado en punto muerto, porque nos encontramos ante un nuevo escenario en el que es posible que la empresa renuncie a la concesión, lo que obligaría a redactar un nuevo pliego de condiciones para volver a adjudicar el servicio. Y en este punto, el alcalde ha admitido que se mostraría favorable a municipalizar el servicio antes que volver a otorgarlo a una empresa privada, una práctica que cada vez más ayuntamientos están llevando a cabo y que, según Esquembre, supondría un ahorro en costes de aproximadamente un 30% para las arcas municipales.