La Fiscalía no señala responsabilidades políticas en el archivo de la causa por los restos arqueológicos de la Plaza Mayor
La infracción, de haberse producido, sería achacable a la parte técnica y administrativa de la tramitación del proyecto
Tal y como ha informado esta mañana Javier Martínez, la Fiscalía Provincial de Alicante ha decretado el archivo de las diligencias de investigación abiertas por la destrucción de restos arqueológicos en el entorno de la Plaza Mayor, al considerar que los hechos, aun pudiendo ser constitutivos de delito contra el patrimonio histórico, habrían prescrito al haber transcurrido más de cinco años desde su comisión hasta la presentación de la denuncia.
El decreto de archivo, firmado el pasado 18 de marzo, concluye que “no existen méritos bastantes para estimar cometida infracción penal alguna” ni para deducir responsabilidad criminal, por lo que acuerda el cierre de las actuaciones.
Según recoge la resolución, durante la tramitación del proyecto se introdujo una modificación sustancial consistente en la creación de una planta sótano que no estaba prevista ni autorizada inicialmente, y de la que no consta que fuera sometida a la autorización de la Conselleria de Cultura pese a su posible incompatibilidad con la conservación de los restos arqueológicos documentados en la zona.
No obstante, la Fiscalía señala que el proyecto de ejecución fue informado favorablemente por la arquitecta municipal y aprobado posteriormente por la Junta de Gobierno Local en febrero de 2010, iniciándose las obras en mayo de ese mismo año.
En ningún momento el decreto de archivo apunta responsabilidades concretas hacia cargos políticos, ni menciona a la concejal popular María José Hernández, a quien el equipo de gobierno ha acusado de ser responsable de este asunto.
Por el contrario, el relato de los hechos sitúa la eventual infracción —de haberse producido— en el ámbito técnico y administrativo de la tramitación del proyecto y de las autorizaciones urbanísticas y patrimoniales.
La resolución no es recurrible en vía penal, aunque deja abierta la posibilidad de reproducir la denuncia ante el órgano judicial competente, conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
