La Fiscalía pide para Juan Richart, teniente de Alcalde de Villena, una inhabilitación para empleo o cargo público de 8 años

Con fecha 13 de septiembre se ha dictado la apertura de juicio oral en el caso en el que el segundo teniente de Alcalde del ayuntamiento de Villena, Juan Richart, se enfrenta a las acusaciones por un presunto delito de prevaricación relacionado con el supuesto aprovechamiento de su cargo de concejal para evitar las sanciones por una infracción urbanística en su casa de campo.
Tras la apertura del juicio oral, Juan Richart adquiere la condición oficial de acusado –antes era imputado– y ahora tendrá que comparecer ante el juez a prestar declaración, lo que tendrá lugar en próximas fechas.

Según sostenía el Fiscal en su día, “de la documentación aportada y de las diligencias practicadas resultan indicios de criminalidad contra el imputado al concurrir los elementos de tipo penal del artículo 404 del Código Penal”, artículo que señala que “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”. Ahora, El Periódico de Villena ha podido saber que la Fiscalía demanda al juez una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 8 años.

Posible segunda querella
Este proceso, al igual que otros que afectan al ayuntamiento, ha coincidido con el cambio de gobierno en el Consistorio, cuyo nuevo equipo de gobierno ha decidido rescindir el contrato que el equipo de gobierno del PP mantenía con un abogado, para contratar a un nuevo gabinete de asesoría jurídica. En cualquier caso, y dada la gravedad del asunto, el ayuntamiento sigue personado en la causa, sobre la que se está recabando toda la información posible durante estas últimas semanas.

No obstante, y según ha conocido EPdV, podría darse el caso de que el anterior letrado contratado por el ayuntamiento presentara una nueva querella por prevaricación contra Juan Richart, ya que el edil votó en Junta de Gobierno a favor de la rescisión del contrato con dicho abogado. Es decir, Richart tomó parte a sabiendas en una decisión administrativa que le concernía directamente, puesto que se trataba del abogado que había actuado contra él y llevaba su caso en nombre del ayuntamiento.