La Generalitat da luz verde a tres plantas solares en la zona de la Casa Peñas, junto a Sierra Salinas
Pese a que Villena ya ha aprobado la suspensión de licencias, un nuevo decreto autonómico puede dar barra libre a este tipo de instalaciones
La Generalitat Valenciana ha dado vía libre a la construcción de tres nuevas plantas solares en Villena, ubicadas en el entorno de la Casa Peñas, junto a Sierra Salinas, a pesar de haber sido tumbados los proyectos el año pasado por caducar sus derechos de conexión a la red debido a los retrasos en la tramitación administrativa de los expedientes.
Sin embargo, la empresa afectada recurrió la caducidad frente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que le ha dado la razón al entender que el retraso no era achacable a la empresa, sino a la administración, por lo que se han reactivado los proyectos y ya cuentan con la autorización de la administración autonómica.
La esperanza de Villena para frenar estas plantas radicaba en la suspensión de licencias a las plantas solares aprobada por el Pleno la semana pasada, ya que, aunque la autorización autonómica a estas plantas se concedió unos días antes, en el ayuntamiento de Villena todavía no habían pedido ninguna licencia, y como quiera que la suspensión impide la admisión a trámite de propuesta alguna, pues éstas no podrían tramitarse y en consecuencia las plantas no saldrían adelante.
Barra libre a las plantas solares
No obstante, las esperanzas que pudiera haber puestas en la suspensión de licencias, tanto en Villena como en el resto de poblaciones de la Comunidad, han sido fulminadas con la aprobación de un nuevo decreto de la Generalitat, con fecha 9 de julio, que modifica la legislación para la instalación de plantas fotovoltaicas, es decir, cambia las reglas del juego.
Aunque en teoría el objetivo de este decreto es “desatascar los proyectos a punto de caducar” e impulsar la instalación de estas plantas en la Comunidad, que va muy por detrás de otras regiones, en la práctica supone dar vía libre total a este tipo de inversiones.
Entre otras cuestiones, aumenta del 3 al 10% la superficie del término municipal que puede ser ocupada por las plantas, elimina factores de protección como el valor agrológico o paisajístico de los terrenos y la cercanía de áreas residenciales e impide recurrir a las suspensiones de licencias para parar estos proyectos, porque el planeamiento urbanístico para desarrollarlos pasa a estar controlado por la Generalitat.
Así las cosas, los ayuntamientos quedan atados de pies y manos, limitándose su capacidad de defensa a presentar alegaciones contra estos proyectos, porque recurrir a declarar una protección total de cualquier zona supondría bloquear cualquier tipo de actuación en ella, ya sea una explotación agrícola o la construcción de una pequeña casa de campo, lo que podría ser totalmente contraproducente excepto en algunas zonas de especial valor o interés.
