En este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, desde Izquierda Unida seguimos defendiendo que las iniciativas políticas y legislativas deben dirigirse a todos y cada uno de los aspectos estructurales de discriminación y violencia que aún persisten y éstas deben abordarse con medidas preventivas y transversales, basadas prioritariamente en el objetivo de modificar los valores sociales que aún permiten y potencian las situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres.
Partimos de la premisa de que ningún derecho en ningún país ni en ninguna época se ha reconocido con consenso. Tampoco el derecho a la igualdad.
En el momento en que cualquier derecho es reconocido legalmente, genera polémica y confrontación por parte de quienes a priori, no lo admiten. Y una vez que se produce el reconocimiento del derecho, a continuación tiene lugar una desactivación de la polémica. Pero en el caso de que afecte a las mujeres esto no ocurre así. En ese caso no existe un reconocimiento de los derechos de las mujeres. Así ha ocurrido a lo largo de la historia y sigue ocurriendo, lo hemos comprobado recientemente con la Ley de Igualdad y con la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género y, desgraciadamente ya estamos volviendo a comprobarlo tras la modificación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La conciliación entre la vida laboral y familiar, de momento es, solo una expectativa. Los hombres siguen sin compartir equitativamente las cargas familiares y las tareas domésticas. Para que esto ocurra, no es sólo necesario leyes que lo regulen, sino también, y mucho más importante, crear una conciencia social de igualdad que transforme la cultura patriarcal y sexista en una sociedad igualitaria.
La repercusión que tiene la crisis en el mercado laboral, en el caso de las mujeres, es cada día más alarmante. La ya permanente precariedad, la desigualdad salarial y la discriminación por razón de sexo o por el estado civil de las mujeres, que condiciona su acceso al empleo y a los trabajos estables, ahora más que nunca están patentes en todos los contratos que se realizan a mujeres.
En una situación de crisis de la gravedad de la actual, la precariedad en las condiciones de incorporación al mercado laboral, el retroceso en la tasa de actividad (ya de por si muy baja), y el retorno de muchas mujeres a las labores domésticas y de cuidados familiares puede producir una involución sin precedentes hacia los viejos roles patriarcales que estamos intentando combatir.
Es necesario que, de una vez por todas se reconozca la contribución económica de las mujeres en los trabajos no considerados como productivos: crianza, cuidado, tareas domésticas, etc.
Por otra parte, los alarmantes índices de pobreza, que afectan con mayor rigor a las mujeres inmigrantes, más desprotegidas, y a las mujeres mayores, con pensiones mínimas o no contributivas que no llegan a cubrir sus necesidades básicas, hacen más apremiante aún el reforzamiento del Estado Social y de los sistemas de protección.
Por todo ello es imperioso un compromiso político de trabajar para generar un municipio de personas iguales en derechos y obligaciones, utilizando los medios legales existentes y posibilitando los cauces para que hombres y mujeres tengamos las mismas posibilidades de desarrollo.
Para llevarlo a cabo es necesario:
- Implantar y desarrollar acciones y programas que fomenten la sensibilización y la plasmación de la igualdad real entre hombres y mujeres.
- Elaborar un Plan de Igualdad con carácter transversal, en el que se impliquen todas las áreas municipales con dotación presupuestaria suficiente y evaluación anual de su ejecución y desarrollo.
- Desarrollar en nuestro Ayuntamiento un Plan de Igualdad para las trabajadoras y trabajadores del mismo.
- Promocionar el Consejo Municipal de Igualdad.
- Dotar de presupuesto suficiente a la Concejalía de Igualdad, tendiendo a alcanzar al menos un 2% en el próximo ejercicio.
Somos conscientes de que nada de lo aquí expuesto será posible sin la previa normalización de nuestro ayuntamiento, pero a pesar de ello queremos dejar constancia de nuestra opinión, ya que pensamos que los derechos de las mujeres no pueden esperar.
