Después del triste desenlace del caso Mari Luz, diversos son los sentimientos experimentados y diversas las sensaciones que, dispersas en el aire por los días de incertidumbre, ahora están recalando lentamente en mi ánimo conforme se hacen públicos los detalles de la evitable muerte de esta niña, del perfil de su presunto asesino, y cómo no, de la nefasta actuación de las instituciones judiciales sobre él.
El sentimiento que más cruje es sin duda el dolor por la muerte de esta criatura, dolor que da gracias por no ocupar el lugar de esos padres, alivio que deja paso a la más negra indignación por la dejadez, vergüenza por cómo se ha realizado este trayecto, y amarga frustración por tener que dar razón a las más pesimistas voces que siempre advierten, algo tendrá que pasar para que se pongan soluciones.
Pero, siguiendo un buen consejo, y por dura que parezca la afirmación, no haré leña con este asesinato, que no deja de ser un error, muy grave pero error, de los muchos que acontecen día a día en este ámbito y que nos ha mostrado abiertamente, sin tapujos, cómo están funcionando los juzgados en la actualidad. Funcionamiento cuajado de carencias que nos deja en la más absoluta desprotección, al no ser capaz de llevar a término algunas de las condenas que se dictan, que nos embarcan en esperas que pueden llegar a siete años para que se produzca el pertinente juicio, y que acumula montañas de expedientes, cada expediente un delito sin culpable, en los pasillos, escaleras, incluso en aseos de algunos Palacios de Justicia.
El mismo día que escribo esta reflexión en voz alta, se ha confirmado la apertura de un expediente muy grave por pasividad, dejadez de funciones y ausencia de control, con el olvidado añadido de con resultado de muerte, al Juez Rafael Tirado. Pero mucho me temo que España cuenta con más de un Rafael Tirado si hacemos casos a las voces que poco a poco están levantándose a modo de denuncia en ambos sentidos. Por un lado las víctimas de esta inconcebible situación, que pone a prueba nuestra dignidad y aguante de ciudadanos con derechos, denuncian realidades judiciales que levantan el vello de puro temor por la indefensión a las que nos somete y por la vulnerabilidad que nos proporciona. Y en la otra dirección, resulta preocupante, por el reconocimiento de causa inherente que describe, escuchar de algunos jueces adjetivos tan descriptivos como precaria, agonizante o terminal que dedican a este ámbito de la justicia.
¿Dicho esto que nos encontramos? Pues a poco que escarbemos oquedades, que entre todos los implicados en este asunto, cual topos, se han encargado de crear, tapar haciendo hábitat en ellos y así descendentemente el presidente Zapatero se estrena reconociendo carencias. El ministro en funciones se sale por la tangente, desviando el debate hacia lo innecesario del endurecimiento de penas. Los jueces piden medios, acusan a sus ayudantes, pero apoyan la negligencia de sus compañeros, y los trabajadores de la Justicia, dejándome pasmada, tiene la desfachatez de mantener una huelga que equipare su sueldo, cuando la ventisca ha dejado al descubierto las galerías que sospechábamos existían y de las que ahora tenemos certeza.
Vacíos que según ellos responden a la necesidad de más personal, aunque probablemente dicha necesidad pase también en un control exhaustivo de su labor que nos indique que efectivamente faltan manos, no vaya a ser que la precariedad esté en que esas manos no llevan el ritmo adecuado o que algunos traseros no calientan ni su silla, pues mientras no quede despejada esta sospecha común con datos sobre rendimiento y rentabilidad, seguiremos viéndonos ante nuestra justicia vapuleados, desnudos y desarmados.
