La parálisis del calzado en Hergar se habría evitado con una inversión de 4.200 euros
La enfermedad de la parálisis del calzado que afectó a diez trabajadoras de la empresa de Villena Aparados Hergar se podría haber evitado con una inversión a tiempo de 4.200 euros. Los responsables de la empresa invirtieron los 4.200 euros - 700.000 pesetas - para montar un sistema de ventilación mecánica el mismo día que recibieron la primera visita del Gabinete de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que acudió al taller al caer las primeras aparadoras enfermas. Los operarios sólo tardaron un día en montar el sistema de extracción, que acabó con los riesgos de las emanaciones, según explicaron ayer en el juicio los peritos de Trabajo. Los técnicos insistieron ante el juez en que con el sistema de ventilación no habría habido ningún problema, pero llegó tarde porque las aparadoras ya estaban enfermas.
El inspector de Trabajo y dos técnicos del Gabinete de Seguridad e Higiene - Alfredo Ortolá, Santiago Cifuentes y Temístocles Quintanilla - coincidieron en que la empresa no cumplía con las medidas de seguridad. Los técnicos realizaron cincuenta inspecciones al taller. Los tres explicaron que a efectos de Trabajo Aparados Hergar funcionaba de manera clandestina porque carecía de las preceptivas licencias administrativas.
Los peritos reiteraron que cuando acudieron a la empresa tras la primera visita, las muestras «eran normales porque en sólo 24 horas habían instalado el sistema de ventilación». El inspector de Trabajo certificó que las aparadoras no tenían «guantes ni ropa de trabajo y la empresa carecía de autorización de apertura» y añadió en las tareas peligrosas empleaba a dos embarazadas y a una menor de 18 años. Trabajo levantó un acta de infracción proponiendo una sanción de 126.000 euros por los incumplimientos en la normativa de seguridad. Los peritos declararon que «nos causó perplejidad que algunas enfermas no habían aplicado cola, la explicación es que el problema estaba en el ambiente».
También testificaron los médicos forenses Ernesto Such y Manuel Carlos Navarro y el responsable de Medicina y Trabajo del Gabinete de Seguridad e Higiene José María Roel, quien indicó que este mal figura en el catálogo de enfermedades profesionales y que está causada por la exposición de entre varias semanas a meses al N-Hexano. Dijo que este gas afecta al sistema nervioso periférico y que suele dejar secuelas invalidantes temporales en brazos y piernas, por lo que en casos agudos puede causar la parálisis total de estas extremidades e impedir realizar sus actividades diarias, incluso vestirse.
Los dos acusados hicieron una rueda de prensa tras acabar la vista. Águeda García aseguró que no instalaron antes el sistema de ventilación porque no se les ocurrió. «Yo coloqué las campanas de extracción en cuanto me lo dijeron. Poner el sistema de extracción costó 700.000 pesetas», afirmó. Águeda García declaró que tenía a «dos trabajadoras sin contrato por hacerles un favor. Eran estudiantes y me lo pidieron como favor». José Antonio Hernández, que insistió en que no era el dueño en la sombra, lamentó que la presión del caso «nos llevó a cerrar la empresa. Actualmente podría estar abierta». Hernández apuntó que el problema de fondo es que la empresa de colas «nos vendió productos con más cantidad de N - Hexano del recomendable. Si alguien nos hubiera dicho que era venenoso habríamos tomado medidas antes».
Fuente: Diario INFORMACIÓN.
Autor: Ramón Ferrando.
